Lanchipa ha explicado en un comunicado que está previsto que la investigación concluya en un plazo de treinta días después del cual, en caso de que corresponda, se remitirá la correspondiente petición acusatoria a la Asamblea Legislativa Plurinacional para la posterior autorización de juicio de responsabilidades».
La demanda ha sido presentada por una veintena de representantes de las familias de las víctimas. Áñez se enfrenta a delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte por los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en el marco de las protestas sociales contra su autoproclamación como presidenta.
En este caso, los fiscales sustentan la acusación contra Áñez y el que fuera su gobierno en un decreto firmado durante aquellas fechas en el que eximían a las Fuerzas Armadas y a la Policía de responsabilidades penales durante la represión de las manifestaciones y las protestas que se produjeron.
En caso de que sea llevada a juicio por este caso, sería el cuarto proceso al que tendría que hacer frente, después de que tres demandas por delitos penales y administrativos hayan sido ya admitidos a trámite y estén a la espera de ser aprobados por la Asamblea, en donde el Movimiento al Socialismo (MAS) necesita sumar votos de la oposición, pese a contar con mayoría absoluta en ambas cámaras.
Por otro lado, Áñez, en prisión preventiva desde marzo, se enfrenta a su vez a otro proceso penal ordinario por irregularidades en su autoproclamación como presidenta interina, tras la salida de Evo Morales, presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición.
