El Gobierno de Bolivia «lamenta» el aplazamiento del juicio contra Áñez y dice que el país «requiere la verdad»

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez

Jeanine Áñez

El Gobierno de Bolivia ha «lamentado» el aplazamiento del juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez, debido a problemas técnicos, y ha afirmado que la nación andina «requiere la verdad».

El juicio por el caso ‘Golpe de Estado II’ ha quedado pospuesto para este jueves por problemas de conexión de dos exmilitares acusados, que se encuentran en la cárcel de San Pedro.

A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno boliviano, que forma parte de la acusación contra la expresidenta, ha explicado que en la audiencia inicial de planteamiento de incidentes y/o excepciones se trataron 14, de los cuales diez se correspondían a los planteados por la defensa de Áñez.

Estos, según la cartera, «fueron rechazados por haber recurrido a planteamientos ya utilizados en la etapa preparatoria de investigación». Así, el tribunal sancionó a los abogados defensores de Áñez, «por hacer uso de excepciones y/o incidentes manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios».

El Ministerio de Gobierno ha indicado también que los argumentos «recurrentes» de la defensa de Áñez son «que le corresponde un juicio de responsabilidades» y que «el ministerio no tiene legitimidad para acusar, cuando uno de los implicados era comandante general de la Policía boliviana y los hechos afectaron al orden interno y la seguridad nacional».

Además, alegan que «existió actividad procesal defectuosa, reiterando los argumentos ya planteados y rechazados» y «que necesitaban más tiempo de investigación para recolectar pruebas, cuando el delito por el que se la acusa es un delito instantáneo que se materializa y concreta con el simple acto o decisión contraria a la Constitución y las leyes».

«La mentamos el receso decretado en la audiencia del juicio hasta el jueves bajo argumentos subjetivos, ya que el país requiere la averiguación de la verdad sin dilaciones indebidas», ha remachado la cartera que dirige Eduardo del Castillo.

El entorno de Áñez incidió el martes en que el juicio contra la expresidenta es «ilegal» y «sigue la tortura sistemática» contra ella, a la que define como «presa política». Sus abogados, por su parte, calificaron de «teatro» el juicio y creen que el objetivo es finalizar en un tiempo récord, sin contar con las garantías necesarias para llevar a cabo el proceso.

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la Paz ya pospuso la reanudación del juicio tras el colapso que sufrió la expresidenta en plena audiencia de apertura del proceso, entre otras dificultades.

Durante la audiencia se registraron problemas técnicos, gritos e interrupciones, además de que no se cumplieron con los procedimientos de declaración en rebeldía de diferentes excomandantes y cargos de las Fuerzas Armadas.

La expresidenta boliviana tiene casos abiertos en su contra por el rol que desempeñó en la crisis política de 2019. Áñez está imputada en el caso ‘Golpe de Estado II’ y ha sido acusada de un delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por haber asumido la Presidencia «sin cumplir los procedimientos», según la Fiscalía. También está acusada de terrorismo, conspiración y sedición en el marco del caso ‘Golpe de Estado I’.

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