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Medios de comunicación estatales

Bolivia denuncia pérdidas de 1,1 millones de euros en los medios públicos por la mala gestión de Áñez

Bolivia TV hizo un dispendio de 10 millones de bolivianos (1,2 millones de euros) para la contratación de 242 personas, en la mayor parte de los casos "contrataciones discrecionales e irregulares".

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez

Jeanine Áñez

El anterior gobierno de Jeanine Áñez cometió entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 un perjuicio económico a los medios de comunicación estatales valorado en más de 8,9 millones de bolivianos (1,1 millones de euros), según ha denunciado el actual Ejecutivo del presidente, Luis Arce, en un reciente informe.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ha presentado este miércoles una investigación en la que se detalla cómo algunas de las prácticas de la administración Áñez –contrataciones irregulares, cortes de emisión, desinstalación de algunas emisoras– provocaron pérdidas de hasta 5,7 millones de bolivianos (más de 716.000 euros) en el caso, por ejemplo, de Bolivia TV.

Alcón ha contado que en 2020, Bolivia TV hizo un dispendio de 10 millones de bolivianos (1,2 millones de euros) para la contratación de 242 personas, en la mayor parte de los casos «contrataciones discrecionales e irregulares» sin ajustarse a las necesidades del medio.

En el caso de la cadena pública, la más afectada por estas maniobras, cerró aquel año con pérdidas de hasta 5,7 millones de bolivianos (716.000 euros). Alcón ha puesto incluso nombres y apellidos a estas «contrataciones irregulares», como las de los analistas políticos, como Humberto Vacaflor, o Pablo Llanos.

El resto de medios públicos afectados son las emisoras Radios de los Pueblos Originarios, con 2,2 millones de bolivianos de pérdidas (275.000 euros); y Patria Nueva, donde 962.500 bolivianos (120.000 euros), detalla el diario ‘La Razón’.

Alcón ha informado de que todos los antiguos funcionarios implicados en estas malas praxis han sido notificados para que presenten la documentación pertinente que respaldarían todas las contrataciones y acciones bajo su gestión.

Sin embargo, cuenta, «no lo han hecho», por lo que les ha enviado una «invitación» pública para «que presenten esta documentación de respaldo».

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