Justicia

Bolivia anula la condena a Jeanine Áñez y ordena su liberación inmediata

El Supremo de Bolivia revoca la sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta interina al detectar irregularidades procesales y vulneración del derecho al debido proceso.

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la condena de diez años impuesta a la exmandataria Jeanine Áñez por el caso ‘Golpe II’ y ordenó su liberación inmediata. La decisión, adoptada por unanimidad, se fundamenta en que el tipo penal aplicado sufrió modificaciones posteriores, lo que vulnera el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó que “la retroactividad de la ley” fue uno de los motivos principales para declarar nula la sentencia de 2022. “Esto significa que tiene que recuperar su libertad”, señaló, precisando que este era el único proceso penal que mantenía abierta la exmandataria.

La resolución llega más de cuatro años después de su encarcelamiento en la prisión de Miraflores, en La Paz, donde permanecía en régimen preventivo desde marzo de 2021.

El fallo anula la condena y cambia la vía judicial

El TSJ ha ordenado la liberación inmediata de Áñez y dispuesto que el caso sea tramitado por la vía del juicio de responsabilidades, un procedimiento reservado a expresidentes y altos funcionarios que requiere autorización legislativa. Con esta decisión, el tribunal invalida el proceso ordinario seguido contra la exmandataria.

El Supremo considera que no se cumplían las condiciones constitucionales para juzgarla por la vía penal común, lo que convierte la sentencia anterior en nula de pleno derecho.

fallo sienta precedente al devolver al ámbito político un caso juzgado por la vía ordinaria y obliga a reiniciar el proceso desde cero.

Contexto político y repercusiones

Jeanine Áñez asumió la Presidencia en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales y la crisis institucional posterior. Su Gobierno interino duró 361 días, hasta la toma de posesión de Luis Arce en 2020.

En 2022 fue condenada a diez años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, en el marco del proceso conocido como ‘Golpe II’.

La anulación de la condena se produce en un momento de recomposición política en Bolivia, tras los comicios de octubre de 2025, en los que el Movimiento al Socialismo (MAS) perdió su mayoría parlamentaria.

Analistas interpretan la decisión como un giro en la justicia boliviana, en un contexto de pérdida de poder del oficialismo.

 Cronología del caso Áñez

Fecha clave Hecho principal Detalle
Noviembre 2019 Autoproclamación de Áñez Asume tras la renuncia de Evo Morales
Junio 2022 Condena en el caso ‘Golpe II’ Diez años por incumplimiento de deberes
Marzo 2021 – noviembre 2025 Prisión preventiva En el penal de Miraflores, La Paz
Noviembre 2025 Sentencia anulada El TSJ ordena su liberación inmediata

Cuatro años de prisión preventiva y una condena anulada resumen un proceso marcado por la controversia judicial y política.

Reacciones y próximos pasos

El fallo ha generado reacciones divididas. Sectores de la oposición celebraron la decisión como una “restitución del Estado de Derecho”, mientras que organizaciones sociales vinculadas al MAS expresaron su rechazo y pidieron que continúen los procesos por las víctimas de los sucesos de Sacaba y Senkata.

Fuentes judiciales confirmaron que la Sala Penal del TSJ notificará en las próximas horas al penal de Miraflores para ejecutar la orden de libertad. El proceso podría reabrirse bajo la figura de juicio de responsabilidades, aunque su avance depende del voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa.

La salida de prisión de Áñez abre un nuevo capítulo en el debate sobre independencia judicial y justicia transicional en Bolivia.

Con la anulación de la condena, el caso Áñez marca un punto de inflexión en la justicia boliviana. La exmandataria quedará en libertad tras más de cuatro años de reclusión, mientras el país vuelve a debatir los límites entre justicia y política en la gestión de las crisis institucionales.

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