Bandera de Bolivia
El Ejecutivo plantea un rediseño normativo profundo tras años de caída de la producción, aumento de las importaciones de combustibles y tensiones fiscales derivadas del sistema de subsidios.
La agenda energética del nuevo Gobierno busca corregir desequilibrios estructurales acumulados durante la última década. El peso de las importaciones de carburantes, la falta de inversión en exploración y la dependencia del gas natural han llevado al Ejecutivo a plantear un cambio de modelo que combine apertura al capital privado, incentivos fiscales diferenciados y nuevas fuentes de energía.
Bolivia depende en gran medida de combustibles importados, lo que ha tensionado las cuentas públicas y el suministro interno
La primera de las leyes previstas contempla traspasar la distribución mayorista de combustibles al sector privado y aprobar una nueva ley de hidrocarburos con un sistema impositivo diferenciado según el riesgo geológico.
El Gobierno plantea que las áreas tradicionales de producción, como Tarija, mantengan una mayor carga fiscal, mientras que las zonas no tradicionales, como Cochabamba, cuenten con ventajas tributarias para fomentar la exploración.
Medinaceli subrayó que no es viable aplicar la misma fiscalidad a regiones con distinto potencial productivo y defendió un esquema “a medida” que incentive la inversión en áreas de mayor riesgo.
El Ejecutivo propone impuestos diferenciados según la productividad histórica de cada región gasífera
Además, el ministro señaló que será necesario ordenar los precios internos de los combustibles para que el marco regulatorio resulte atractivo para los inversores privados.
La segunda ley permitirá la participación del sector privado en la generación de electricidad, tanto a partir de gas natural como de represas hidroeléctricas y fuentes renovables.
En este marco, el Gobierno prevé revisar el sistema de precios gestionado por la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), con el fin de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad financiera del sector.
La reforma eléctrica busca diversificar la generación y reducir la carga sobre la empresa estatal
La tercera norma estará orientada a la promoción de energías verdes, como el hidrógeno, el etanol y otros biocombustibles.
Según Medinaceli, esta ley definirá estrategias para que Bolivia pueda acceder a financiación europea, destinada a aumentar la inversión en tecnologías limpias y diversificar la matriz energética del país.
La cuarta iniciativa legislativa se centrará en el litio, con el objetivo de industrializar las 23 millones de toneladas de este metal que se encuentran en los salares del sur del país.
El proyecto prevé declarar parte de los yacimientos como patrimonio turístico, mientras que el resto será licitado internacionalmente a empresas privadas o a compañías que se asocien con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
Medinaceli criticó el modelo anterior basado en piscinas de evaporación y defendió la preservación paisajística del salar.
El Gobierno combinará explotación industrial del litio con protección turística de los salares
Actualmente, Bolivia importa el 86% del diésel y el 56% de la gasolina que consume en su mercado interno, debido a la escasa producción local de combustibles líquidos.
La importación de gasolina y diésel alcanzó su máximo en 2022, con un coste aproximado de 2.790 millones de euros, según datos oficiales convertidos a euros al tipo de cambio actual.
| Concepto | Dependencia o coste |
|---|---|
| Diésel importado | 86% del consumo interno |
| Gasolina importada | 56% del consumo interno |
| Coste máximo de importaciones (2022) | 2.790 millones de euros |
El elevado coste de las importaciones energéticas ha sido uno de los principales factores del desequilibrio fiscal
Desde 2023, la caída de las exportaciones de gas natural a Argentina provocó una escasez de divisas, dificultando la importación de carburantes y generando tensiones inflacionarias en productos básicos.
Aunque el anterior Gobierno mantuvo durante casi dos décadas los subsidios a la gasolina y el diésel, el actual presidente, Rodrigo Paz, eliminó estas ayudas el 17 de diciembre mediante decreto.
La supresión de los subsidios elevó las tarifas del transporte y el coste de la canasta familiar, aunque estuvo acompañada de un aumento del 20% del salario mínimo. La medida busca reducir el déficit fiscal eliminando un gasto anual estimado en 3.255 millones de euros.
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