El pasado 13 de junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia en su «lista gris», una categoría que agrupa a países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta decisión se produjo en el marco de una plenaria conjunta con el Comité de Expertos sobre Evaluación de Medidas, celebrada en Estrasburgo, Francia.
Frente a este escenario, el Gobierno boliviano se apresura a introducir reformas legales que permitan cumplir con las exigencias del GAFI y, así, evitar una inclusión futura en la «lista negra», lo que supondría consecuencias más graves para la economía y la imagen internacional del país.
Normativa clave enviada por el Ejecutivo
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó en conferencia de prensa que el Ejecutivo ha remitido al Legislativo un nuevo anteproyecto de ley orientado a atender las recomendaciones del GAFI. El texto legal pretende llenar vacíos normativos que han sido identificados desde 2021 y que no han avanzado debido a bloqueos legislativos.
“Queremos ir supliendo la normativa necesaria para no estar en las listas grises (…) Las consecuencias de no aprobar esta normativa es que se ratificará en dos años que podamos pasar a otra instancia, que podamos entrar a listas negras”, advirtió Montenegro
Plazos y advertencias desde el Gobierno
Según explicó el ministro, Bolivia cuenta con un plazo de dos años para cumplir con los requisitos del GAFI y salir de la lista gris. En caso contrario, el país podría ser clasificado como jurisdicción de alto riesgo, lo que implicaría restricciones financieras, pérdida de inversiones y un mayor aislamiento internacional.
Montenegro subrayó que no se trata de una decisión política interna, sino de un cumplimiento obligatorio ante estándares internacionales, y llamó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a no minimizar la importancia del asunto.
