«Jornada nacional de lucha con cese de actividades para movilizar», anunció este miércoles en las redes sociales la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).
Además de este sindicato, que es la mayor entidad gremial docente del país y responde a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), se sumó a la huelga de 48 horas a partir de este miércoles la Asociación docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Este gremio reclamó a las centrales obreras del país, la CTA y la Confederación General del Trabajo (CGT), que convoquen una huelga general en todo el país «que ponga freno a la represión y acabe con la reforma antipopular y antidemocrática» del gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio (derecha), Gerardo Morales.
La dirigencia de la CGT, la mayor central obrera de Argentina, respaldó la huelga de 48 horas anunciada por la rama regional de Jujuy al mostrar su repudio «a los lamentables hechos de represión y violencia policial que están sucediendo en la provincia de Jujuy y que han derivado en un severo conflicto social».
La presión docente también se canaliza a través de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que decretó una huelga para este jueves además de sumarse a la marcha convocada este miércoles por la CTA en la ciudad de Buenos Aires para manifestarse ante la Casa de la provincia de Jujuy.
El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) también se adhirieron a la movilización de este miércoles y al paro docente de este jueves.
Manifestaron su respaldo al paro otras organizaciones sociales, sindicales y políticas, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
REPROCHE DE LA CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó el martes al Estado argentino, y en concreto a las autoridades de la provincia de Jujuy, a que instaure un proceso de diálogo social y aplique un uso de la fuerza proporcionado en el contexto de las protestas que tienen lugar en esa jurisdicción por una reforma parcial de la Constitución local.
Al menos 170 personas resultaron heridas -una de gravedad por sufrir un traumatismo de cráneo- y otras 68 fueron detenidas el martes en Jujuy durante la represión de las movilizaciones que tuvieron lugar en las inmediaciones de la Legislatura, donde fue aprobada y jurada una reforma de la Carta Magna que, según los manifestantes, criminaliza la protesta social, al prohibir los cortes de carretera.
El gobernador, Gerardo Morales, que es precandidato presidencial dentro de la principal alianza opositora, Juntos por el Cambio, acusó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de «la extrema violencia» que afecta a la provincia.
«Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional», replicó el jefe de Estado en las redes sociales.
La vicepresidenta también rechazó la represión ordenada por el gobernador jujeño, y afirmó que «la represión salvaje» parecía estar en su ADN.
Tras varios días de movilizaciones en contra de la modificación de la Carta Magna, el mandatario provincial de Jujuy sí aceptó en la noche del lunes retirar de la reforma dos artículos que habían sido aprobados el jueves y que versaban sobre los derechos de las comunidades indígenas y la posesión de las tierras.
En Jujuy, el 7,8 por ciento de la población se reconoce indígena, frente al 2,3 por ciento de los habitantes que en el resto del país se asumen como descendientes de los pueblos originarios, según el Censo Nacional de 2010.
