Este tipo de castigo parece como el mejor horizonte posible para afrontar una condena, pero a diferencia del encierro en unidades penitenciarias, la supervivencia de las mujeres y de sus hijos en los hogares depende de la red familiar y del nivel socioeconómico de cada una.
El último dato disponible de 2019 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena indica que son 4.413 las mujeres privadas de libertad, que representa el 4 por ciento de la población total privada de su libertad.
En la Argentina, la ley 26.472 establece desde 2008 que la madre de un niño o niña menor de cinco años y la mujer que tiene una persona con discapacidad a su cargo que estén sentenciadas a una pena de prisión efectiva o preventiva pueden cumplirla en detención domiciliaria.
El número de personas que accedieron al beneficio de cumplir una pena de privación de libertad en su hogar aumentó en 2020 en el marco de la pandemia de covid-19.
Si bien no hay datos actualizados disponibles sobre las mujeres que están en esta situación, se sabe que en la provincia de Buenos Aires eran 777 en diciembre de 2019.
Y, por ejemplo, en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre enero y agosto del año pasado se otorgaron 1.225 prisiones domiciliarias más que en el mismo período de 2019, mientras que en el Servicio Penitenciario Federal fueron 89 más que en el año anterior.
Sin embargo, no se implementaron nuevas políticas públicas para esta población.
A LA DERIVA
Esa falta de políticas públicas hace que cuando las mujeres, generalmente de bajos recursos, acceden a la prisión domiciliaria, queden a la deriva, sin asistencia o herramientas para sobrevivir.
En algunos casos afrontar esa situación las lleva al extremo de preferir volver a la cárcel.
«Acá somos una boca más para alimentar» o «somos un peso para nuestras familias» son algunos de los relatos que reflejan el sentir de mujeres en arresto domiciliario.
Otras temen volver a la cárcel y entonces no quieren «molestar» pidiendo autorizaciones por alguna necesidad fuera del hogar, de ellas o de los niños y niñas, para que no les revoquen la prisión domiciliaria.
En prisión domiciliaria, el acceso a la salud es muy difícil tanto para la madre como para los hijos e hijas, principalmente cuando no hay una red de contención, ya que para todo deben solicitar permisos, uno para sacar turno, otro para ir a la cita, otro para ir a la farmacia y así sucesivamente.
Lo mismo sucede con la educación, las compras e incluso para trabajar, porque aunque no están impedidas de hacerlo, la burocracia muchas veces se los impide.
Esas autorizaciones a veces no llegan a tiempo y otras simplemente son denegadas.
CASTIGO A DOMICILIO
Para dar visibilidad a esta situación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con el colectivo «Yo No Fui», una organización que trabaja en proyectos artísticos y productivos dentro y fuera de las cárceles en Argentina, presentaron a fines de abril la publicación «Castigo a domicilio. La vida de las mujeres presas en sus casas», en la que mujeres en que cumplen su pena en el hogar narran sus experiencias.
«Nos interesó contar la historia en primera persona, para que quien lo lea pueda dimensionar qué es el arresto domiciliario», explicó la investigadora del equipo de política criminal y violencia en el encierro del CELS, Macarena Fernández Hofmann.
El objetivo también es poner el tema en primer plano, «y que deje de ser mirado con esa forma tan romántica de: ‘tiene prisión domiciliaria, está mejor'».
Si bien ambas organizaciones destacan que las alternativas a la prisión son beneficiosas, consideran que hay también otros castigos que no implican encierro y que podrían aplicarse en una gran mayoría de los arrestos domiciliarios, principalmente en los casos de prisión preventiva, esto es, cuando la justicia determina la privación de libertad de una persona acusada de un delito por el tiempo que dura el juicio.
Las cifras de 2019 muestran que 2.417 mujeres se encuentran privadas de su libertad sin condena firma, es decir el 55 por ciento de ellas.
Según la socióloga, se puede pensar en alternativas que no tengan un costo tan alto para las mujeres, y principalmente para sus hijas e hijos.
En ese sentido, la investigadora del CELS señaló que 46 por ciento de las mujeres privadas de su libertad en Argentina lo están por alguna infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes), que por lo general es un delito no violento, y que en la mayoría de los casos está asociado a una cuestión de subsistencia.
Por su parte, María Medrano, directora de Yo No Fui, dijo a esta agencia que buscan visibilizar la situación de las mujeres en prisión domiciliaria, denunciar la ausencia del Estado en ese sentido e interpelar a quienes tienen responsabilidades sobre el tema.
A su vez, recordó que la mayoría de las veces las prisiones domiciliarias se otorgan para que las mujeres, que son las que suelen ocupar ese rol en la sociedad, cuiden a sus hijos e hijas menores de edad, algo que después resulta difícil de cumplir si no les dan autorizaciones para trabajar, para llevarlos a la escuela, al médico, a donde sea.
Para Medrano, quien luchó junto al colectivo para lograr más prisiones domiciliarias en lugar de penas de privación de libertad en establecimientos penitenciarios, lo que encontraron después les mostró «la perversidad del sistema».
La principal demanda para ambas es que existan políticas estructurales para atender a las personas en arresto domiciliario, y que hacer cumplir sus derechos no dependa solo de la buena voluntad de algún trabajador social o defensor, ya que no se puede olvidar que la persona sigue detenida.
La situación de las mujeres en arresto domiciliario está muy invisibilizada porque está la fantasía o la idea de que estar es un beneficio y ya está: «está en su casa y tiene todo resuelto», cuando no es así, concluyó Medrano.
