«Confirmar la sentencia recurrida en cuanto fue materia de impugnación», enunció el presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, al dar lectura de la sentencia este miércoles.
A casi dos años de la sentencia que condenó a la expresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, los jueces de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, ratificaron la condena del Tribunal Oral Federal (TOF) nº 2 en la causa conocida como «Vialidad».
Aquel fallo consideró responsable a la exmandataria de favorecer de manera discrecional a un empresario local también condenado, Lázaro Báez, en el reparto de las obras viales que se ejecutaron durante sus dos mandatos en la provincia de Santa Cruz (sur).
En su fallo este miércoles, el tribunal de alzada dispuso el decomiso de los efectos del delito, cuya suma actualizada asciende a 84.835 millones de pesos (83,2 millones de dólares), y confirmó la pena a seis años de reclusión contra el empresario Lázaro Báez.
En paralelo, Casación ratificó la absolución de la expresidenta respecto al delito de asociación ilícita que reclamaban los fiscales intervinientes, Diego Luciano y Mario Villar, para aumentar a 12 años de prisión la pena contra Fernández, cargo del que fue exculpada por dos votos contra uno durante el juicio oral.
A lo largo de la causa «Vialidad», el TOF nº 2 puso en tela de juicio las 51 obras viales que fueron concedidas en la provincia de Santa Cruz al empresario Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones, durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa.
Tanto los abogados de Fernández como el Ministerio Público Fiscal (MPF) recurrieron la sentencia del TOF nº 2 emitida el 6 de diciembre de 2022.
FALTA DE IMPARCIALIDAD
En un alegato en su defensa, Fernández denunció en las últimas horas la falta de imparcialidad de los jueces de Casación y la relación de los tres con el expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019).
La expresidenta señaló que fue condenada por un delito que no pudo haber cometido: «el de administración fraudulenta en obras viales aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada en su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso desde 2003 hasta 2015».
Fernández, que también ejerció como vicepresidenta entre 2019 y 2023, observó que ningún jefe de gabinete había sido condenado, aun cuando son los responsables de la ejecución del presupuesto y la administración, y que el ministro a cargo del área había sido absuelto durante el juicio oral.
La sentencia contra la expresidenta no es definitiva, por lo que Fernández no puede ser detenida ni quedar inhabilitada a ejercer cargos públicos hasta que la Corte Suprema no se pronuncie sobre su caso.
