«El Decreto 1005/24, firmado por el presidente, Javier Milei, desregula el mercado de correos y encomiendas postales, un paso clave para el desarrollo del comercio electrónico», confirmó este lunes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en las redes sociales.
La actual gestión ponderó que el servicio de correo «ya no tiene valor estratégico», por lo que autorizará «que cualquiera pueda participar del negocio», especificó el funcionario.
A partir de ahora ya no harán faltas habilitaciones para operar como servicio postal, de manera que cualquier empresa solo tendrá que anunciar que quiere participar.
«En mensajería urbana, también lo podrán hacer las personas», especificó el ministro.
El servicio postal brindará la recogida y entrega de cartas, documentos, telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos.
Los actores que se incorporen al servicio de correo postal podrán decidir la dotación de su personal, la modalidad, los tipos de servicios prestados, los equipos, y los medios de transporte y locales que requieran para su actividad.
Las compañías que quieran intervenir en este sistema no tendrán que entregar documentación ni demostrar la tenencia de vehículos u instalaciones.
Cualquier operador podrá operar como punto de entrega y repartir los envíos, lo que facilitará el comercio electrónico y constituirá una fuente de ingresos adicional para comercios, vendedores ambulantes de periódicos y revistas, conductores de taxis y operadores de plataformas, de acuerdo al Gobierno.
«Se caen todos los trámites de habilitación: el negocio pasa a ser libre», confirmó Sturzenegger.
El Ejecutivo también autorizó la digitalización plena de los telegramas y documentos certificados.
Con la actual gestión, Correo argentino «se privatizará, se concesionará o se transferirá a los empleados», afirmó Sturzenegger.
El recuento de las actas electorales seguirá en manos de Correo Argentino, aunque la intención del Gobierno es privatizar, concesionar o transferir a los empleados esta empresa fundada en 1826 que fue privatizada en 1997, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), y que en 2004 fue reestatizada durante la administración del entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007).
