La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández
«El Gobierno del presidente Milei (…) resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidente venía percibiendo, tanto la asignación personal como al derivada por pensión», informó el Ministerio de Capital Humano en un comunicado este jueves.
Con esta medida, el Estado se ahorrará con esta medida «unos 21.827.624 pesos» (21.420 dólares al cambio oficial), señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
La actual gestión argumentó que la condena de la Cámara Federal de Casación Penal «representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño» que se presuponen en las asignaciones para expresidentes y ex vicepresidentes previstos por la Ley 24.018, que les concede una pensión vitalicia desde que cesan en sus funciones.
«La jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política», señaló Adorni durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
Bajo la actual administración, «Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos», añadió el funcionario.
Quien fuera presidenta durante dos mandatos consecutivos, además vicepresidenta entre 2019 y 2023, podrá seguir cobrando su pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes contributivos.
Según el Ministerio de Capital Humano, la ratificación de la condena a Fernández «por la segunda y última instancia judicial ordinaria afecta el presupuesto legal que tiene en miras» la pensión vitalicia, entendida como un privilegio.
Casación avaló el miércoles la tesis de Tribunal Oral Federal nº 2, que el 6 diciembre de 2022 condenó a la expresidenta por irregularidades respecto a 51 obras viales que fueron concedidas en la provincia de Santa Cruz (sur) al empresario Lázaro Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones, durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el suyo.
La sentencia que responsabiliza a Fernández del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública «torna indamisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento en su función presidencial», sostuvo el Ministerio de Capital Humano.
El oficialismo presentó en septiembre en el Congreso un proyecto de ley para eliminar las jubilaciones de privilegio a excepción de la del presidente, que gozaría de una asignación equivalente al 80 por ciento de la remuneración que percibía en el desempeño de su ejercicio.
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