El economista argentino Javier Milei, candidato presidencial por el partido La Libertad Avanza
«Se dictó, en el día de hoy, una resolución a fin de establecer los parámetros para determinar los costos del operativo e intimar su resarcimiento por organizaciones involucradas», reza el informe, publicado por la cartera de Seguridad en su cuenta de la red social X.
El texto adelanta que hay una estimación aproximada de 60 millones de pesos (unos 75.550 dólares al cambio oficial) por el dispositivo desplegado, contando el consumo de combustible y el promedio de horas por personal.
Poco antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la medida, así como una denuncia penal contra 32 dirigentes sociales por el presunto delito de extorsión al Estado en el manejo de planes sociales.
«El total de denuncias que recibió la línea 134, canal que hemos utilizado para que de manera anónima quienes se sentían extorsionados puedan hacérnoslo saber, fue de 16.150, de las cuales hay 1.200 que tenían o que encuadran dentro de la tipología señalada», aseguró Ardoni.
El portavoz del presidente recalcó que el Estado le pasaría la factura del costo del operativo anti-piquete a las organizaciones sociales que el pasado 20 de diciembre salieron a las calles a protestar contra las medidas anunciadas por la nueva administración.
Según el informe de Seguridad, entre las denuncias recibidas por la línea 134 destacan pedidos de dinero por el cobro de planes sociales, multas a quienes no concurren a los cortes de rutas convocados, y amenaza de dar de baja de los mencionados planes a quienes no acuden a los llamados.
El informe señala a 14 organizaciones sociales con el fin de ser inscriptas en un registro, entre las que figura el Movimiento Evita, grupo que negó su asistencia a la marcha del pasado miércoles.
La semana pasada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó en sociedad un protocolo «antipiquetes» que, entre otras cosas, destina a las cuatro fuerzas de seguridad a desarmar cortes de rutas, calles y avenidas e identifica a quienes participen en las manifestaciones.
El lunes, la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que «todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado» de cortes de calles «perderán» los planes sociales y «todo tipo de diálogo» con su secretaría, además habilitó una línea de denuncias anónimas para quien sea obligado a participar de las protestas y que, según Bullrich, ya atendió más de 9.000 llamadas.
En diciembre de 2001, grandes manifestaciones populares que terminaron con el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) en medio de un fuerte ajuste económico fueron respondidas por la policía con una dura represión que mató a 39 personas.
Desde entonces, todos los 20 de diciembre se realiza una importante movilización en Buenos Aires y numerosas ciudades del resto del país.
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