«El Gobierno condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena», afirmó el Ejecutivo en un comunicado difundido en redes sociales.
Sostuvo que ninguna de las acusaciones contra la vicepresidenta han sido probadas y que todas ellas se refieren a la función que ejercía como jefa de Estado, lo cual «degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal».
«Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña derecho penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta», afirmó el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.
La Fiscalía argentina solicitó este lunes una pena de prisión de 12 años y la inhibición perpetua para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta.
El Ministerio Público acusa a Fernández de ser jefa junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), de una asociación ilícita integrada por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido (2003-2015), entre otros funcionarios, que presuntamente orientó la atribución de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur), en favor del empresario Lázaro Báez.
