«No quiere ir más allá de lo que ya está» al investigar el intento de magnicidio por el que se encuentran procesados como coautores el hombre que quiso asesinarla, Fernando André Sabag Montiel; su cómplice, Brenda Uliarte, y dos «partícipes secundarios», Nicolás Carrizo y Agustina Díaz.
«Así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia y no con no molestar a quienes no hay que molestar», han apuntado los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira en el escrito, difundido por Fernández en Twitter.
La querella de Fernández señala la pérdida de información del teléfono del agresor ocurrida supuestamente en los primeros días de investigación, cuando ya se encontraba bajo custodia del juzgado.
«De forma inexplicable, durante la jornada del viernes 2 de septiembre, la magistrada rompió la cadena de custodia (…). Lo más grave fue que (el teléfono) llegó reseteado a cero», explican los abogados.
También denuncia las supuestas demoras para intervenir las comunicaciones de Uliarte y para ordenar su detención. «En vez de dar la orden urgente de detenerla, la jueza esperó para materializar la medida, cuando no había nada que sopesar (…). Una llamada de la DAJuDeCO que advirtió acerca de lo sucedido, sumada a la presteza del secretario del juzgado, evitaron que Uliarte consume su fuga», señalan.
Igualmente lamentan la pasividad de la juez para seguir posibles líneas de investigación y negarse a indagar sobre la financiación del atentado.
