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Buenos Aires sanciona a las empresas de reparto a domicilio por no registrar a sus trabajadores

"Descubrimos que las personas no tienen libertad de hacer o no los pedidos, (pues) si no los hacen tienen consecuencias en la asignación de nuevos pedidos".

Repartidor Delivery

Repartidor Delivery

La provincia argentina de Buenos Aires sancionó a tres empresas dedicadas al reparto de comida a domicilio, Glovo, Rappi y Pedidos Ya, por incurrir en irregularidades en la contratación de su plantilla.

«Ayer (martes) notificamos a las empresas, tienen tres días para contestar y si las empresas no responden, les cobraremos una sanción», señaló el miércoles la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, en declaraciones a FM La Patriada.

Tras realizar 172 relevamientos a Glovo, Rappi y Pedidos Ya, las autoridades locales constataron no solo que se podía presumir una relación laboral entre los trabajadores y las compañías, sino que las condiciones predominantes del empleo eran precarias.

«Descubrimos que las personas no tienen libertad de hacer o no los pedidos, (pues) si no los hacen tienen consecuencias en la asignación de nuevos pedidos», señaló la ministra.

El 90 por ciento de los repartidores, por otro lado, «trabaja más de siete horas y la mitad, más de nueve horas y además, la mayoría trabaja los siete días de la semana», refirió Ruiz Malec.

EMPLEO REGISTRADO

Al explicar la legislación actual, la funcionaria aseguró que si los trabajadores se encuentran registrados como autónomos (monotributo en Argentina), hay una infracción laboral.

Pero como está demostrado que «hay una relación de dependencia, entonces deben estar registrados», sentenció la ministra.

Los repartidores tampoco cuentan con un seguro ante riesgos del trabajo que financien las aplicaciones.

«La actividad de reparto de comida no es nueva. ¿Por qué le vamos a exigir menos a esas empresas que a restaurantes que contratan un delivery?», cuestionó Ruiz Malec.

Las multas contra Glovo, Rappi y Pedidos Ya podrían superar los 40 millones de pesos (400.000 dólares al cambio oficial),

A comienzos de 2020, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, planteó el interés del Gobierno en avanzar en un proyecto de ley de regulación del trabajo en las plataformas digitales, pero con la pandemia del coronavirus la iniciativa quedó en suspenso.

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