Ley de Inteligencia

Argentina reforma la Ley de Inteligencia y refuerza el poder de la SIDE por decreto

El Gobierno redefine la estructura del sistema de inteligencia nacional y amplía las funciones operativas de la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Sesión telemática en la Cámara de Diputados de Argentina

Cámara de Diputados de Argentina

El Gobierno argentino ha aprobado una reforma de la Ley de Inteligencia Nacional que redefine las funciones, la conducción y la estructura de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a la que otorga un papel más preponderante dentro del sistema, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

La modificación, publicada en la madrugada de este viernes, supone una de las transformaciones más profundas del sistema de inteligencia argentino desde 2001, año en el que fue sancionada la norma vigente hasta ahora, según ha reconocido la propia SIDE.

El Ejecutivo subraya que la reforma busca ordenar competencias, eliminar duplicidades y fortalecer los mecanismos de control interno, además de mejorar la coordinación entre los distintos organismos del Estado.

La reforma redefine el sistema de inteligencia nacional y consolida a la SIDE como órgano superior del sector

La SIDE asume un rol central en el sistema de inteligencia

El decreto define a la SIDE como el “órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional”, reforzando su capacidad operativa y de coordinación. La norma autoriza expresamente a los agentes de inteligencia a aprehender personas y los habilita a recibir asistencia técnica y logística de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y los cuerpos policiales.

Desde el organismo se calificó la iniciativa como una “reforma de segunda generación del sistema de inteligencia nacional”, en referencia al alcance estructural de los cambios introducidos.

Los agentes de inteligencia podrán detener personas y recibir apoyo operativo de las fuerzas armadas y de seguridad

Nuevas comunidades de inteligencia e información

El decreto crea la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por los organismos del sistema de inteligencia y las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el objetivo de centralizar la producción de inteligencia estratégica.

De forma paralela, se constituye la Comunidad Informativa Nacional, que agrupará a ministerios y organismos públicos que, sin producir inteligencia, podrán aportar información relevante para el análisis estratégico del Estado.

Reordenación de competencias y eliminación de duplicidades

La reforma elimina funciones que, según la SIDE, habían sido asignadas históricamente “sin sustento institucional”. Entre ellas, la seguridad interna, que queda bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Seguridad.

La protección de infraestructuras críticas y de los sistemas de información del Estado pasa a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, mientras que la Agencia de Seguridad Nacional asume de forma exclusiva las tareas de contrainteligencia.

En este marco, el Gobierno decidió eliminar la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, al considerar que sus funciones se superponían con las del Estado Mayor Conjunto.

El decreto redistribuye funciones y suprime organismos para evitar solapamientos dentro del sistema

Principales cambios del nuevo sistema de inteligencia

Medida Descripción
Refuerzo de la SIDE Pasa a ser el órgano superior del sistema de inteligencia nacional
Detenciones Autorización para que agentes de inteligencia aprehendan personas
Comunidad de Inteligencia Nacional Centraliza la producción de inteligencia estratégica
Comunidad Informativa Nacional Integra información de ministerios y organismos públicos
Contrainteligencia Asignada a la Agencia de Seguridad Nacional
Eliminación de organismos Supresión de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar

Justificación del uso del decreto

El Ejecutivo justificó la aprobación de la reforma mediante un DNU al considerar que el trámite legislativo ordinario habría generado un retraso incompatible con la necesidad de actuar en tiempo oportuno para cumplir los objetivos de la medida.

No obstante, varios legisladores cuestionaron la decisión del Gobierno de modificar la Ley de Inteligencia por decreto y reclamaron la convocatoria de la Comisión Bicameral del Congreso, que deberá analizar y decidir si autoriza o rechaza el DNU impulsado por el presidente Javier Milei.

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