«Argentina pierde en promedio una hectárea de bosques cada 2 minutos, y la mayoría de esos desmontes son ilegales» reveló el coordinador de la campaña de bosques de la ONG en Argentina, Hernán Giardini, a la Agencia Sputnik.
El estudio, realizado a partir de la comparación de imágenes satelitales, mostró que la provincia que más sufre la deforestación es Chaco (norte), que alberga el segundo ecosistema forestal más grande del continente y que acumula 41.848 hectáreas de desmonte.
La deforestación en Chaco es ilegal a raíz de un fallo de la justicia provincial de 2021 que suspende los desmontes en esta provincia hasta que las autoridades no cumplan con la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que estipula Ley de Bosques nº 26.331, aprobada a finales de 2007 y promulgada en febrero de 2009.
Esta legislación obliga a que cada provincia realice un monitoreo de sus bosques nativos, en un país en que el 81 por ciento de estas áreas se encuentran protegidas por dos categorías de conservación que impiden su deforestación.
El desmonte también se incrementó en Santiago del Estero (norte), donde se acumulan 30.828 hectáreas deforestadas y en donde también está prohibido desforestar en amplias zonas; en Formosa (norte), con 12.498 hectáreas y en Salta (norte), con 5.755 hectáreas.
En estas cuatro jurisdicciones se condensa el 75 por ciento de la deforestación que tuvo lugar en Argentina en los últimos 30 años debido al avance de la frontera agropecuaria para la ganadería y la soja, que en buena parte se exporta a Asia y Europa.
Las 90.755 hectáreas de desmonte en el norte argentino representan una superficie que equivale a 4,5 veces la ciudad de Buenos Aires.
El incumplimiento de la Ley de Bosques establece en buena parte de los casos penalizaciones irrisorias que las empresas asumen como parte del costo por deforestar, advierte Greenpeace.
«El sistema de multas no está sirviendo para frenar la deforestación ilegal, lo que se agrava con una gran complicidad de las gobernaciones locales, como es el caso del Chaco y de Santiago del Estero», observó Giardini.
La nación sudamericana ha perdido así más de 7 millones de hectáreas desde 1998, de acuerdo con datos de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente.
Greenpeace ha lanzado una consulta popular hasta el 10 de octubre, cuyos resultados serán presentados ante el Congreso, para que sea considerado un delito penal el desmonte ilegal, el cambio de subsuelo o los incendios intencionales.
