«El Gobierno de Javier Milei deberá decidir si abonará el fallo de EUR 1.330 millones más intereses», anunció en las redes sociales el economista Sebastián Maril, especialista en las demandas que afronta el país en EEUU.
El juicio fue promovido por cuatro fondos de inversión, HBK Master Fund, Hirsh Group, Virtual Emerald International y Palladian Partners, que acusaron al país sudamericano de falsear las mediciones del cálculo el Producto Interior Bruto (PIB) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) a las cuales estaban atados los bonos de deuda.
Los demandantes podrán ahora ejecutar una garantía por 313 millones de euros que Argentina depositó en marzo con una carta de crédito emitida por el banco Santander.
En abril de 2023, el juez británico Stephen Phillips falló a favor de los fondos de inversión, que habían presentado su demanda en 2019, y condenó a Argentina a pagar en primera instancia 1.330 millones de euros (1.455 millones de dólares), además de intereses calculados desde 2014.
El magistrado asumió que hubo distorsiones en las estadísticas públicas a partir de un cambio de metodología del Indec en 2013, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), por el que el organismo pasó a tomar el año 2004 como base de cálculo y no el de 1993, como era hasta entonces.
Durante el juicio, los abogados argentinos esgrimieron que el país pagó casi 10.000 millones de dólares a los tenedores de los «cupones PBI» desde que fueron emitidos por primera vez en 2005, durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), para canjear la deuda que había quedado en cese de pagos desde 2001.
En mayo y en junio de 2023, Argentina perdió la apelación que había presentado ante un tribunal londinense para anular la sentencia en su contra emitida en primera instancia.
Los «cupones PBI» pagaban regalías si la actividad económica crecía más del 3,22 por ciento.
En marzo de 2014, el entonces ministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires (este), Axel Kicillof, anunció que el PIB en 2013 había crecido tres por ciento, lo que eximía al país de pagar a los bonistas.
Con la negativa del máximo tribunal de Reino Unido a analizar de nuevo el caso judicial que condenó a Argentina, la nación sudamericana no tiene más instancias de apelación posibles y está obligada a pagar.
