«Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes», anunció este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
Además «vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal y como la conocemos hasta ahora», señaló el funcionario.
El Ejecutivo que preside Javier Milei modificará el régimen migratorio para establecer estos cambios, con el objetivo de «avanzar hacia un país ordenado, y en este caso, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos», explicó Adorni.
Aunque para estudiar en una universidad pública los estudiantes extranjeros deben ser residentes, el portavoz presidencial sostuvo que la decisión de cobrarles «supondrá una fuente de financiamiento para las casas de estudio», y señaló, a modo de ejemplo, que uno de cada tres estudiantes es extranjero.
En cuanto al acceso al sistema de salud, serán los organismos nacionales, provinciales y municipales los que determinarán las condiciones de acceso, incluyendo la posibilidad de cobrar los servicios a quienes no residan en el país, indicó Adorni.
En la provincia de Salta (norte), colindante con Bolivia y Paraguay, la atención sanitaria a extranjeros se redujo 95 por ciento y se generó un ahorro de 60 millones de pesos (58,1 millones de dólares al cambio oficial) desde que la gobernación provincial decidió en febrero arancelar el servicio a los no residentes, explicó Adorni.
«Nos despedimos de los famosos tours sanitarios», afirmó el funcionario.
En simultáneo a estas medidas, el Ejecutivo incorporará más delitos para impedir el ingreso o expulsar a un inmigrante del país.
Si un extranjero es arrestado cometiendo un delito en ese momento o por violentar el sistema democrático, «atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su ingreso al país», añadió Adorni.
Los extranjeros que violen la prohibición de reingreso al país afrontarán una pena de prisión.
El Ministerio de Capital Humano indicó en octubre que el 21,8 por ciento de los estudiantes de medicina eran extranjeros, «principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público», especificó.
Desde 1992, los servicios educativos del país se encuentran transferidos a cada una de las jurisdicciones.
Pese al anuncio del Gobierno, para estudiar en una universidad pública es necesario tener documento nacional de identidad (DNI), el cual obtiene un extranjero cuando tramita la residencia, sea transitoria, temporaria o permanente.
Los únicos estudiantes no residentes que pueden asistir a universidades públicos son aquellos que tienen un convenio de reciprocidad.
Los estudios de posgrado en el país sudamericano son pagos para todos los estudiantes, sean o no extranjeros.
Solo el cuatro por ciento de los estudiantes en Argentina son extranjeros, según los datos disponibles en el último Anuario Estadístico de la Secretaría de Políticas Universitarias disponible, del año 2022.
La población estudiantil de grado y pregrado en las universidades nacionales ascendía aquel año a 1.955.107 alumnos, de los cuales 79.834 eran extranjeros residentes.
A lo largo de su historia, Argentina ha sido un país abierto a la inmigración, con el fomento de políticas migratorias tendientes a favorecer el ingreso de extranjeros, tanto europeos como sudamericanos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX.
