La Procuraduría de Colombia ha abierto una investigación disciplinaria contra 18 funcionarios de las superintendencias Financiera y de Sociedades, la Dian y la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (Uiaf) por su posible responsabilidad en la crisis de las pirámides financieras. Según el Ministerio Público del país, los funcionarios presuntamente faltaron al cumplimiento de sus funciones y actuaron tarde en la detección y sanción de las captadoras ilegales de dinero. La Procuraduría de Colombia ha abierto una investigación disciplinaria contra 18 funcionarios de las superintendencias Financiera y de Sociedades, la Dian y la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (Uiaf) por su posible responsabilidad en la crisis de las pirámides financieras. Según el Ministerio Público del país, los funcionarios presuntamente faltaron al cumplimiento de sus funciones y actuaron tarde en la detección y sanción de las captadoras ilegales de dinero.
La información recaudada por el Grupo de Asesores en Contratación Estatal, encontró que entre 2005 y 2007 había 19 captadoras ilegales y al terminar 2008 ya eran 222. Para la Procuraduría, la existencia de estas captadoras exigían medidas inmediatas y eficaces.
La pirámide financiera DMG manejó unos dos millones de dólares que provenían de narcotraficantes colombianos entre octubre del 2007 y noviembre del 2008, periodo en el que la captadora ilegal de dinero lavó recursos económicos en por lo menos 18 depósitos.
David Murcia, cerebro de las pirámides financieras, fue capturado el pasado mes de noviembre de 2008 en Panamá y deportado a Colombia donde es procesado por captación ilegal de dinero y blanqueo de capitales, acusado de una estafa a través de un esquema que prometía rendimientos de hasta 300% en un semestre y con el que llegó a captar unos 920 millones de dólares.
El escándalo salpicó a importantes funcionarios del entorno del Gobierno del presidente Alvaro Uribe, a políticos del principal partido opositor, Polo Democrático (izquierda), y a periodistas señalados de recibir millonarios pagos a cambio de colaborar con la empresa de Murcia.
La firma DMG fue intervenida el pasado noviembre por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, que declaró la emergencia social en el país para afrontar el derrumbe de una serie de «pirámides» que quebraron o cuyos dueños desaparecieron.
