Los apuros por los que pasan algunos gobiernos provinciales de Argentina para cuadrar las cuentas, junto al hecho de que las provincias de Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, las dos más pobladas y ricas del país, estén ahora en manos de políticos opuestos al kichnerismo han restaurado un viejo debate. Los apuros por los que pasan algunos gobiernos provinciales de Argentina para cuadrar las cuentas, junto al hecho de que las provincias de Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, las dos más pobladas y ricas del país, estén ahora en manos de políticos opuestos al kichnerismo han restaurado un viejo debate.
Las controversias sobre el reparto del dinero de los impuestos entre el Gobierno central y las corporaciones provinciales ha tenido capítulos de especial dureza en el pasado, sobre todo en los años anteriores al tristemente célebre ‘corralito’. Una crisis que, si bien, no logró que la disputa quedara completamente cerrada, sí había contribuido a desalojarla del primer plano en los últimos tiempos de turbulencias políticas.
Pero el problema ha vuelto para quedarse y su explosión se produce con independencia de que las parte implicadas sean conscientes de las bajas cifras correspondientes a la recaudación fiscal que siempre se han cosechado en un país en que la evasión fiscal y la economía sumergida forman parte de la tradición económica milenaria.
Ahora, los gobernadores regionales que se encuentran ante la posibilidad de tener que elevar sus impuestos locales para recortar los déficit, empiezan a reclamar un aumento del dinero que reciben como contrapartida a los impuestos federales que se recaudan en sus territorios.
Las provincias que tienen el estatus de contribuyentes netos en el cuadro financiero regional y que, por lo tanto, transfieren a las otras la mayor parte de sus recursos son sólo ocho: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Neuquén, la Ciudad de Buenos Aires y en menor medida, Mendoza y Tierra del Fuego. Mientras que las otras 16 son receptoras netas y, curiosamente, por su menor densidad de población y menores necesidades de recursos públicos presentan en la actualidad unos balances muy saneados. Los gobernadores de la oposición impulsan el inicio de un proceso de negociación rápido.
Hernes Binner, el gobernador socialista de Santa Fe es uno de los políticos que han puesto sobre la mesa la necesidad de renegociar la distribución de los impuestos. Según sus datos, la diferencia entre los impuestos federales recaudados y el dinero recibido suma 4.100 millones de pesos argentinos. Quiere reducirla a la mitad.
