El pasado domingo, 26 de marzo, la empresa que imprime los diarios Clarín y Olé, Artes Gráfico Editorial Argentino S.A., sufrió el bloqueo que impidió que los rotativos pudieran salir a la venta ese día. Las críticas recayeron inmediatamente en la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por no haber evitado, pese a existir una petición judicial expresa, el cerco. Sin embargo, desde los dos periódicos, además de señalar la presencia de miembros de la Confederación General de Trabajadores (CGT), afín al Gobierno, a las puertas de la empresa, se va más allá. Sus analistas disparan directamente contra Cristina Fernández. El pasado domingo, 26 de marzo, la empresa que imprime los diarios Clarín y Olé, Artes Gráfico Editorial Argentino S.A., sufrió el bloqueo que impidió que los rotativos pudieran salir a la venta ese día. Las críticas recayeron inmediatamente en la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por no haber evitado, pese a existir una petición judicial expresa, el cerco. Sin embargo, desde los dos periódicos, además de señalar la presencia de miembros de la Confederación General de Trabajadores (CGT), afín al Gobierno, a las puertas de la empresa, se va más allá. Sus analistas disparan directamente contra Cristina Fernández.
Así lo hace Eduardo Van Der Kooy, que en su artículo “Una ofensiva sindical que resulta funcional a la estrategia política K”, duda del compromiso de la presidenta argentina con la libertad de expresión e insinúa incluso que el bloqueo fue coordinado desde el Gobierno. El analista comenta que “la agencia oficial Télam, por ejemplo, distribuyó el sábado a la noche un anuncio de la realización del bloqueo a las plantas impresoras de Clarín y La Nación, antes de que ese mismo bloqueo comenzara”.
El propio Van Der Kooy continúa asegurando que “los jefes policiales confesaron, con vergüenza, que tenían órdenes de no actuar pese al bloqueo que impedía salir los camiones con los diarios.” Y es aquí donde se inician las responsabilidades de la ministra Garré. El juez Gastón Matías Polo Olivera impuso ayer un plazo de tres días a la titular de Seguridad para que informe del motivo por el que la policía no actuó, como se especificaba en una orden judicial emitida el 21 de enero, para establecer las medidas necesarias para impedir cualquier tipo de bloqueo a la planta de impresión.
Garré, por su parte, se ha defendido por medio de un comunicado. Describe cuales fueron sus gestiones así como el desarrollo de la actuación policial. Por el contrario, no ha convencido a casi nadie. La ministra comparecerá hoy en el Congreso ha petición de buena parte de la oposición, que también pretende una ampliación de la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la emisión de una declaración de repudio por la restricción de la libertad de expresión.
La mala relación existente entre los diarios La Nación, que también se vio afectado aunque finalmente pudo salir a las calles, y el Diario Clarín con la presidenta Cristina Fernández, viene de largo. Tras el apoyo de estos a una huelga agraria que protestaba contra las medidas del Gobierno, lo cierto es que los ataques mutuos han sido repetidos.
