No es la primera vez que el aumento del coste de los hidrocarburos causa estragos en Latinoamérica y no es necesario remontarse mucho tiempo atrás para encontrarse con conceptos como “gasolinazo” o, quizá, un poco más lejano y desconocido, “caracazo”, que son el reflejo de cómo el malestar de la población, relacionado con el precio de los combustibles puede convertirse en un freno para la economía y en un motivo para la rebelión. Los Gobiernos de América Latina ya conocen los efectos que provocan las revueltas populares. Conscientes del peligro, se han puesto en marcha. No es la primera vez que el aumento del coste de los hidrocarburos causa estragos en Latinoamérica y no es necesario remontarse mucho tiempo atrás para encontrarse con conceptos como “gasolinazo” o, quizá, un poco más lejano y desconocido, “caracazo”, que son el reflejo de cómo el malestar de la población, relacionado con el precio de los combustibles puede convertirse en un freno para la economía y en un motivo para la rebelión. Los Gobiernos de América Latina ya conocen los efectos que provocan las revueltas populares. Conscientes del peligro, se han puesto en marcha.
Brasil y Perú han decidido mantener los precios de la gasolina para evitar el conflicto entre la población. Los países que tienen subvención para la energía, como es el caso de Venezuela, preparan a su población para el fin de la participación del Estado. Sin embargo, los mandatarios latinoamericanos no podrán mantener estas estrategias de manera indefinida.
El alza del precio del petróleo, consecuencia de las revueltas en los países árabes, con Libia como principal foco, conlleva un aumento del valor en el precio de venta de la gasolina. Sin embargo, este esquema, valido para el resto del mundo, no puede trasladarse directamente al caso latinoamericano, sin tener en cuenta las implicaciones que tiene la preocupación de los gobiernos por la inflación o, incluso, algo tan particular como son las subvenciones a la energía en países como Bolivia, México o Venezuela.
Una regla que sí es aplicable a la situación de América Latina es el hecho de que el aumento del precio de la gasolina presiona la inflación hacia arriba. Aunque no todos los países reaccionan ante la inflación de la misma manera, situaciones como las del “gasolinazo” boliviano siembran la duda y condicionan la actuación de los mandatarios, que se ven condicionados a actuar con pies de plomo con los valores que permiten en sus estaciones de servicios.
El caso de Bolivia, donde el mero anuncio de una subida en el precio de la gasolina provocó el aumento del precio de los alimentos básicos, es el principal temor de sus países vecinos. El problema boliviano es que la posibilidad de que el precio aumentara derivó en una crisis alimentaria que todavía colea en el país. Y es que desde que Evo Morales anunció a finales de 2010 un aumento, que finalmente no llegó a aplicar, del precio de la gasolina entre un 57 y un 83%, el país vive en continuar revueltas.
Sin embargo, los países sufren la inflación de forma distinta. Argentina, por ejemplo, convive con su inflación, que este año se sitúa en torno al 25%, con relativa tranquilidad. Algo que no ocurre en Brasil, donde los esfuerzos por contener la inflación rigen la conducta de la presidenta Dilma Rousseff.
De ahí que las medidas implementadas por los gobiernos latinoamericanos para atajar el problema sean diferentes. En el caso brasileño, por ejemplo, la mandataria ha decidido dar instrucciones a la petrolera estatal Petrobrás para que congele el precio de la gasolina y los aumentos que experimenta el valor del petróleo en los mercados internacionales no se traslade a las estaciones de servicio del país.
Una estrategia que también ha seguido el Gobierno de Alán García, que ha decretado que no se actualice el precio de los hidrocarburos en Perú.
Una solución que podría ser eficaz para controlar la inflación de forma inmediata. Sin embargo, cabe plantearse que ocurrirá si la crisis se alarga en el tiempo. Dilma Rousseff no podrá contener los precios de la gasolina indefinidamente.
Para algunos países la solución se encuentra en eliminar la subvención a las energías. Posibilidad que ya se plantea Venezuela. Sin embargo, ésta es una medida muy impopular por lo que es muy difícil de tomar y es necesario ser cauteloso para que la población no lo vea como un ataque directo.
