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Evo Morales acusa a los contrabandistas de la escasez de alimentos

Evo Morales acusa a los contrabandistas de la escasez de alimentos
jueves 17 de febrero de 2011, 01:00h
El Gobierno boliviano ha encontrado al culpable de la escasez de alimentos, el contrabando, y ha decidido emprender la lucha con un proyecto de Ley con el que busca combatir la salida de mercancías del país. Esta medida permitirá recompensar a los denunciantes con un porcentaje, de entre el 20 y el 40%, del valor e las mercancías incautadas.
El Gobierno boliviano ha encontrado al culpable de la escasez de alimentos, el contrabando, y ha decidido emprender la lucha con un proyecto de Ley con el que busca combatir la salida de mercancías del país. Esta medida permitirá recompensar a los denunciantes con un porcentaje, de entre el 20 y el 40%, del valor e las mercancías incautadas.



La falta de alimentos básicos para el consumo en el país, más concretamente la escasez de azúcar, está levantando ampollas en el Gobierno. Las manifestaciones contra la crisis alimentaria se suceden día a día en Bolivia y el Ejecutivo ha decidido poner fin a la situación persiguiendo la salida ilegal de mercancías, especialmente alimentos y carburantes, a los países vecinos. Como ya ocurrió con la gasolina, se ha identificado al contrabando como principal responsable de la grave situación que atraviesa el país.



El azúcar, el arroz, la harina, el aceite son productos subvencionados directa o indirectamente en Bolivia, por lo que en otras zonas de la región, como en Perú, su precio en el mercado es más elevado. La escasez de alimentos ha puesto en evidencia el contrabando de exportación de alimentos bolivianos. El Gobierno de Evo Morales ha emprendido la cruzada contra la salida de estos productos y busca la colaboración de una población desabastecida.



El proyecto de Ley recoge incentivos económicos a las denuncias de contrabando. El Gobierno premiará a los denunciantes con un porcentaje del valor de la mercancía incautada, para la que se ha fijado una recompensa del 20% para los delatores individuales y hasta un 40% para los colectivos. La lucha contra el contrabando será coordinada por la Agencia para el desarrollo de Macroregiones y Zonas de Fronteras (Ademáf), dirigida por el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, implicado en el caso de los 33 camiones de contrabando incautados en 2009.



Aunque el Ejecutivo ha puesto sus esperanzas de reestablecer la normalidad del abastecimiento boliviano en esta medida, analistas de la prensa local consideran que el problema radica en la diferencia entre los precios internos y externos y auguran nuevos conflictos entre los comerciantes. Pese a que el proyecto todavía no es Ley ya se ha comenzado a tildarlo de ineficaz.

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