Después de 35 años, Chile modificará la llamada Ley del Cobre que permitió al país llenar sus arsenales militares hasta convertirlo en una potencia bélica en la región. Sebastián Piñera, presidente chileno, dará fin a dicha norma que otorga a los militares el 10% de las ventas brutas de la empresa estatal de cobre Codelco. El mandatario propone reemplazarla por un mecanismo de financiamiento multianual para sus Fuerzas Armadas (FFAA). Es la segunda vez que se busca la modificación de la ley, ya lo intentó la ex presidenta Michelle Bachelet, quien no encontró apoyo en el Parlamento. El mandatario se ha comprometido a que la reforma llegue al Congreso antes del 21 de mayo. Después de 35 años, Chile modificará la llamada Ley del Cobre que permitió al país llenar sus arsenales militares hasta convertirlo en una potencia bélica en la región. Sebastián Piñera, presidente chileno, dará fin a dicha norma que otorga a los militares el 10% de las ventas brutas de la empresa estatal de cobre Codelco. El mandatario propone reemplazarla por un mecanismo de financiamiento multianual para sus Fuerzas Armadas (FFAA). Es la segunda vez que se busca la modificación de la ley, ya lo intentó la ex presidenta Michelle Bachelet, quien no encontró apoyo en el Parlamento. El mandatario se ha comprometido a que la reforma llegue al Congreso antes del 21 de mayo.
El presidente Sebastián Piñera presentará al Congreso un proyecto para derogar una ley que obliga a destinar el 10% de las ventas de cobre a la compra de armas, iniciativa que dictó Augusto Pinochet y que ha permitido a Chile hacer millonarias adquisiciones en los últimos años. Si logra poner fin a esa ley, aprobada durante la dictadura, Piñera, primer mandatario de derechas desde el retorno de la democracia, se convertirá también en el primero en consolidar la autoridad civil sobre las FFAA.
Los militares han recibido desde 1973 ingresos en sus arcas por parte de Codelco, la principal productora mundial del ‘metal rojo’, para la compra o renovación de material bélico. Sin embargo, los orígenes de la Ley Reservada del Cobre son anteriores a la dictadura del general Augusto Pinochet y se remontan a los años 30 del siglo XX. El Gobierno militar le dio forma y cuerpo legal a la relación entre el metal y la financiación del Ejército, pero no la creó. Lo que sí se fijó durante la dictadura fue la cifra del 10% de las ventas como la parte del negocio del cobre que le correspondería a los militares, siempre y cuando la cantidad no estuviera por debajo de los 180 millones de dólares (131 millones de euros).
El trasvase del dinero requiere un proceso delicado. El capital se deposita en dólares en una cuenta del Banco Central de Chile, administrada por el Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena). Este organismo en el encargado de administrar el gasto de las leyes reservadas relacionadas con útiles de uso militar. Los fondos se reparten en partes iguales entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Después el Consudena, el Ministerio de Defensa y el Presidente de la República supervisan los costes, para que finalmente éste último sea quien apruebe la compra del material bélico y el equipamiento militar.
Su carácter de “reservada” le ha otorgado a esta ley un aura de secretismo que no ha ayudado a restarle controversia en los últimos años, no sólo porque el dinero es utilizado para financiar las compras militares de las FFAA, sino además porque estos fondos no se rigen por las normas sobre manejo de recursos fiscales vigentes, sino por normas de excepción que permiten tomar créditos y no entregar información sobre las deudas.
Estas normas excepcionales le conceden cierta libertad de acción a la Defensa Nacional para la compra de armamentos, que no es bien vista por algunos sectores. Empezando por el hecho de que este gasto militar no se somete a la discusión del Congreso, como ocurre con todo el resto del Presupuesto de la Nación cada año, y tampoco las inversiones realizadas por las FFAA son analizadas posteriormente por los parlamentarios.
El mandatario Piñera ha propuesto reemplazar dicha ley por un mecanismo de financiamiento multianual para sus FFAA y, de este modo, terminar también con la obligatoriedad de Codelco para traspasar el 10& de sus ventas a favor del ejército. La futura modificación deberá asegurar los recursos indispensables para el buen funcionamiento del Ejército chileno.
Esta es la segunda vez que se busca el cambio de esta ley, ya lo intentó la ex presidenta Michelle Bachelet en 2009, quien sin embargo no encontró eco en el Parlamento para esa derogatoria. Además, varios políticos han expresando en el pasado su rechazo a esta financiación, ya que consideran que la defensa del país no puede quedar supeditada a la fluctuación de precios de un producto como el cobre.
La gran potencia bélica en la que se ha convertido el país ha llegado a causar recelo y preocupación, sobre todo entre regiones colindantes, Argentina Bolivia y Perú. Chile se ha convertido en uno de los países del mundo que más dinero gasta en armas. El presupuesto del Ejército chileno es muy superior al de sus vecinos. Países con los que, además, reina una paz no exenta de conflictos. Chile y Bolivia no mantienen relaciones diplomáticas. Bolivia nunca renunció a recuperar la salida al mar perdida en la Guerra del Pacífico de 1879.
Las FFAA chilenas recibieron desde el año 2000 unos 7.500 millones de dólares (5.489 millones de euros) por parte de la cuprífera estatal. Por su carácter reservado no ha sido posible conocer públicamente cómo se gastan estos recursos aunque diversos analistas coinciden en que la modernización que el Ejército chileno inició en la última década se han invertido unos 2.500 millones de dólares (1.829 millones de euros).
El proceso incluyó, entre otras adquisiciones, la compra a EEUU de cazabombarderos por 600 millones de dólares (439 millones de euros), además de tanques, helicópteros, fragatas y submarinos, entre otros. El Ministerio de Defensa confirmó que 1.200 millones de dólares (878 millones de euros) fueron destinados a la reconstrucción de infraestructura militar dañada por varios desastres naturales que azotaron el país. Y en cuanto al resto del dinero, más de 3.000 millones de dólares (2.195 millones de euros), no habrá tenido otro destino distinto a las armas.
El nuevo proyecto de financiación de Piñera será enviado durante los próximos días al Congreso. El mandatario se ha comprometido a que la reforma llegue al Parlamento antes del 21 de mayo.
