La ecuación parece simple. La oposición venezolana, pese a los intentos del ejecutivo de Hugo Chávez por evitarlo, ha hecho de Twitter un lugar en el que predominan las críticas y el debate en relación a la figura y medidas del mandatario. Las regulaciones que hasta ahora han logrado amordazar a los medios de comunicación privados dentro del país no sirven, sin embargo, para evitar que la libertad de expresión se abra paso en Internet. El resultado; Chávez ha mostrado, por la vía legislativa, su pretensión de silenciar Twitter. La ecuación parece simple. La oposición venezolana, pese a los intentos del ejecutivo de Hugo Chávez por evitarlo, ha hecho de Twitter un lugar en el que predominan las críticas y el debate en relación a la figura y medidas del mandatario. Las regulaciones que hasta ahora han logrado amordazar a los medios de comunicación privados dentro del país no sirven, sin embargo, para evitar que la libertad de expresión se habrá paso en Internet. El resultado; Chávez ha mostrado, por la vía legislativa, su pretensión de silenciar Twitter.
El primer paso está dado. El mandatario ha puesto una nueva Ley en circulación, la conocida como Ley Resorte. Según establece dicha normativa, Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, es la institución que debe garantizar que en los programas de televisión y Radio, así como en los medios que pueden leerse por Internet, no se lancen mensajes que “provoquen zozobra” o “alteren el orden público” entre otras cuestiones.
La Comisión ya se ha puesto manos a la obra. A inicios de semana, la televisiones Televen y Venevisión se vieron obligadas a retirar de la parrilla sendos programas, Caso cerrado y ¿Quién tiene la razón?, que, según Conatel, contenían imágenes “violatorias a las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte)». Se iniciaba así la labor censora de la entidad pública, que va a extenderse, según la normativa establecida en la nueva Ley, a los medios digitales.
En Venezuela existen cerca de 10 millones de usuarios de Internet, muchos de los cuales son asiduos y utilizan los medios que allí se encuentran para informarse. No es el caso de los votantes habituales del presidente Chávez, en su mayoría con escasos recursos económicos y que apenas tienen acceso a la Red. La desventaja comunicacional que esto supone quedó patente en febrero de 2010, cuando la oposición lanzó en Twitter una campaña que llevaba por título “Venezuela declarada zona de desastre para la libertad de expresión y el periodismo”.
El mensaje que dio inicio a la protesta virtual inundó Twitter. En poco más de una hora alcanzó el tercer lugar del Trending Topics (los temas que marcan pauta en el mundo) y recorrió el mundo, siendo contestado por figuras representativas de la cultura como los músicos Juanes o Alejandro Sanz. Aquella manifestación, de alguna manera improvisada, generó más de 29.000 mensajes y supuso el 2,23% del total de mensajes emitidos en la red social a nivel mundial, según las estadísticas de la propia red. Ante tal protesta, el Gobierno comenzó a comprender la importancia de la Internet, y de Twitter más concretamente, en el nuevo sistema de comunicación mundial. La respuesta no se hizo esperar.
Mientras que el presidente bolivariano instaba a la Asamblea Nacional y a las autoridades judiciales a hacer algo contra “el terrorismo que se genera en Internet”, anunciaba a bombo y platillo la creación de su propio perfil y alentaba a sus seguidores a hacer lo propio. Meses después, pese a que Chávez cuenta con más de 1.100.000 seguidores en su perfil, el escenario sigue siendo el mismo. Twitter continúa siendo el feudo de la oposición política.
Los mensajes emitidos por el presidente venezolano apenas tienen recorrido, no son replicados. Por el contrario, en el ranking de los 20 tuiteros más seguidos de Venezuela se encuentran 3 medios de comunicación de oposición y varios periodistas críticos con el Gobierno. Pese a los esfuerzos, el Gobierno no ha podido terminar con la preponderancia del antichavismo en Twitter y, ante tal perspectiva, ha terminado por optar por la vía legal.
La Reforma de la Ley Resorte es el resultado de una pretensión anunciada hace algunos meses por el Editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, en su visita a Madrid. “La búsqueda de la `hegemonía comunicacional’ está en el plan del Gobierno de Venezuela desde hace años.” Silenciar las fuentes de información de la población, al modo de una dictadura, se ha convertido en una obsesión para Chávez, y la nueva ley viene a tapar el hueco que sigue existiendo en el ámbito te Internet.
¿Qué establece dicha Ley? ¿Cómo funciona? William Peña, periodista especializado en telecomunicaciones, lo explicaba de manera sucinta. “La nueva norma, que viene inserta en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión e Internet, establece limitaciones para operadores, proveedores y usuarios de la Red. Conatel será la encargada de gestionar esas limitaciones. Si un usuario de internet infringe la Ley Resorte, Conatel advertirá de ello al proveedor del servicio y éste tendrá que advertírselo al medio donde el usuario está yendo en contra de la norma.”
Si el medio de comunicación o la plataforma no actúa en contra del usuario que ha infringido la ley, se verá abocado a abonar una sanción ejemplar, el 10% de sus ingresos brutos trimestrales. “Los medios actuaran en primer lugar como censores, al evitar que ciertos mensajes, los que vayan en contra del Gobierno, se publiquen y si lo medios no frenan las críticas, serán los proveedores de Internet los que terminen por cerrar el medio”, explica Peña.
En cuanto a los medios de comunicación por Internet, la nueva situación parece clara. Sin embargo, ¿Qué pasa con Twitter? “Con Twitter es más complicado porque es un servicio internacional. El Gobierno podría pedir que se corte una cuenta. Si Twitter no lo hace, el Estado le pedirá a las empresas que proveen de Internet a los venezolanos que bloqueen el servicio dentro de Venezuela y nadie podrá utilizar Twitter” comenta Peña. En la actualidad China o Cuba ya lo hacen de esta manera. Solo hace falta un punto de control de Internet, un lugar desde el que se decida que páginas se pueden ver y cuales no dentro de un país.
La Ley Resorte incluía el establecimiento de un punto único de acceso a Internet, algo que finalmente no fue aprobado. Peña explica por qué. “No hacía falta” asegura “ya hay un punto fijo de paso del servicio de Internet. Casi el 100% del flujo pasa por CanTv, que es una empresa estatal, por lo que no sería difícil bloquear un medio o una plataforma concreta.” Esto, recuerda Peña, ya ha ocurrido. “Pasó con Radionext, que el Gobierno bloqueo por ser de ultraderecha, o, aunque CanTv aseguró que fue un error técnico, pasó en las elecciones del 26 de septiembre, cuando no se pudo acceder a WordPress (servicio de blogs utilizado por la oposición). Los proveedores de internet dependen por completo de CanTv.”
Las herramientas, por tanto, existen. Pero la intención de controlar el servicio, por si no estaba clara, quedó refrendada con la llegada a Venezuela del conocido como “censor de Cuba”, Ramiro Valdés. Conocido por ser uno de los hombres de confianza de los hermanos Castro, Valdés cuenta en su currículo con el dudoso mérito de ser el ideólogo del control informativo y el bloqueo de Internet en Cuba. Después de iniciada su colaboración con Chávez, muchos opositores le atribuyen la autoría de la Ley Resorte y, principalmente, de la idea del punto único de acceso controlable, algo que ya se utiliza en la mayor de las Antillas. El objetivo último, acallar, de una manera o de otra, Twitter.
