Pese a que los medios de comunicación internacionales y algunos expertos vinculan al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, con el marxismo o incluso con el comunismo, lo cierto es que su política económica dista mucho de los usos relacionados habitualmente con dichas ideologías. En contra de lo que puede parecer por su estrecha relación con mandatarios como Hugo Chávez, Correa, según algunos expertos, aplica recetas netamente liberales que, hábilmente, intenta engarzar con medidas sociales. La venta de las empresas reflotadas a los emigrantes o su obsesión por reducir el gasto público son dos buenos ejemplos de estas características. Pese a que los medios de comunicación internacionales y algunos expertos vinculan al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, con el marxismo o incluso con el comunismo, lo cierto es que su política económica dista mucho de los usos relacionados habitualmente con dichas ideologías.
En contra de lo que puede parecer, por su estrecha relación con mandatarios como Hugo Chávez, Correa, según algunos expertos, aplica recetas netamente liberales que, hábilmente, intenta engarzar con medidas sociales. La venta de las empresas reflotadas a los emigrantes o su obsesión por reducir el gasto público son un buen ejemplo de ello.
Correa accedió a la presidencia en 2007 para encontrarse con un país inmerso en una grave crisis de deuda externa, la paralización de la economía interna y una galopante pérdida de población a causa de la emigración. Antes había pasado por el Ministerio de Economía, en 2005, trabajando para su predecesor, Alfredo Palacio, con quien mantuvo discrepancias tales que le obligaron a abandonar el cargo 5 meses después de su nombramiento.
Formado en economía en la Universidad de Lovaina, Bélgica, e Illinois, EEUU, sus inicios al frente de la presidencia iban a marcar, a causa de los pactos con los gobiernos de Venezuela y Bolivia, de marcada ideología izquierdista, y de su negativa a abonar los abultados créditos externos que asfixiaban el país, una tendencia por la que aun hoy se le sigue juzgando. Muchos medios de comunicación internacionales comenzaron a considerarle parte de una entente comunista o socialista y aun hoy utilizan estos términos para desacreditarle.
Sin embargo, las medidas que ha ido adoptando, poco tienen que ver con las recetas que se le adjudican erróneamente. En la semana que termina, el Presidente del Fideicomiso, Pedro Delgado, ha realizado en Madrid, España, una parada en la gira que le está llevando a recorrer EEUU o Italia, los países donde se encuentra un mayor número de emigrantes de origen ecuatoriano. Su objetivo no era otro que proponer a esas personas, que tuvieron que marcharse del país a causa de la crisis bancaria de los años 1998/99, que adquirieran acciones de las empresas que habían provocado su expatriación.
Dichas empresas, según explicó Delgado, pertenecían a las grandes familias ecuatorianas dueñas de los propios bancos de los que obtenían créditos. A causa de la crisis, el Gobierno se vió obligado a hacerse con el control de los bancos para mantenerlos a flote y posteriormente ir cerrándolos. Junto con los bancos, el Estado ecuatoriano, cuando Correa aun no ejercía la presidencia, incautó los bienes de los banqueros, es decir, las empresas y bienes inmuebles que ahora pasan a subasta.
El Estado ecuatoriano ha decidido privatizar dichas empresas en contra de lo que se podría esperar de un supuesto gobierno socialista. Por el contrario, si hay algo de social en el modo de hacerlo. El 30% de los activos de las empresas reflotadas irán a parar a manos de los trabajadores, pequeños accionistas (dentro de los cuales deben considerarse los migrantes), asociaciones y cooperativas. Es, según Delgado, “un modo de que los afectados por la crisis que le obligó a migrar sean ahora propietarios de las empresas de aquellos que provocaron la crisis”. Cuanto menos, es un acto original.
Para que el plan se haga efectivo, el Gobierno de Correa ha puesto a disposición de la sociedad ecuatoriana dos líneas de crédito. Además, pretende evitar que las empresas regresen a sus antiguos dueños, por lo que han establecido un límite de gasto de 20.000 dólares por accionista en cada una de las 100 empresas productivas que salen a al venta, y se reservará el derecho de veto a la venta de las acciones adquiridas por estos accionistas minoritarios.
Por otra parte, pese a las dificultades que todos los países del mundo han sufrido a causa de la crisis financiera mundial, el Gobierno de Correa intenta por todos los medios frenar el fuerte déficit fiscal que lastra al país. Dicho dato se situó en 2009 en los 2.900 millones de dólares, un 5% del PIB, pese ha haber caído los ingresos petroleros, por el descenso del precio de la gasolina, un 48%. Este año, el déficit se ha disparado por encima de los 3.000 millones de dólares, lo que ha obligado al Gobierno a volver a vender deuda pública y a establecer medidas de recorte con consecuencias inusitadas.
A causa de esos recortes, la policía y parte del ejercito, protagonizó una sublevación que muchos, incluido el Gobierno, han considerado un Golpe de Estado. Correa estuvo en manos de unidades de la policía, encerrado en un hospital tras sufrir un golpe a manos de los manifestantes. A día de hoy, continúa el debate sobre la naturaleza del hecho, aunque desde este periódico, hemos defendido que lo ocurrido fue fortuito.
En cualquier caso, Ecuador abona anualmente unos 1.500 millones de dólares a abonar la deuda externa. Este abultado monto, en un país que apenas alcanza un presupuesto estatal de 21.000 millones de dólares, es un lastre que Correa intenta soltar con la mayor presteza posible. Según Delgado, el Gobierno quiere “capitalizar a la población ecuatoriana, hacerla propietaria, que corra el crédito, europeizar el sistema bancario. Para ello debemos hacer crecer la clase media del país y es lo que estamos intentando y logrando con medidas de empoderamiento”.
La venta de las empresas reflotadas por el estado, todas ellas rentables y en funcionamiento, es un buen ejemplo de esta política. Tanto la facilidad en el crédito, la privatización de las empresas públicas, la venta de acciones a ciudadanos a los que se les promete de esta manera participar en el futuro del país o el intento por frenar el déficit público, no son, de ninguna manera, medidas que puedan ser consideradas comunistas.
Solo de la venta de las empresas reflotadas, el Gobierno calcula unas ganancias de 1.400 millones de dólares. Para más información sobre las empresas en venta y el modo de adquirirlas, puede hacerse en la página: www.stf.gob.ec
