El presidente boliviano, Evo Morales, enfrenta desde hace 9 días la protesta de los cocaleros de Yungas, al norte de La Paz. Los campesinos de la región rebelde, que no están bajo el mando del sindicato mayoritario que el propio Morales controla, solicitan un aumento del 40% de la cuota de venta de coca en el mercado legal. Mientras que el presidente boliviano busca calmar los ánimos con críticas al FMI, varios líderes indigenistas han asegurado que la protesta tiene una motivación política. El presidente boliviano, Evo Morales, enfrenta desde hace 9 días la protesta de los cocaleros de Yungas, al norte de La Paz. Los campesinos de la región rebelde, que no están bajo el mando del sindicato mayoritario que el propio Morales controla, solicitan un aumento del 40% de la cuota de venta de coca en el mercado legal. Mientras que el presidente boliviano busca calmar los ánimos con críticas al FMI, varios líderes indigenistas han asegurado que la protesta tiene una motivación política.
Los manifestantes mantienen cortada una vía de gran importancia que lleva a tres regiones del norte país desde la capital, La Paz. Como consecuencia, dichas regiones permanecen aisladas y miles de vehículos han quedado paralizados. El desabastecimiento de combustible comienza a hacer mella y varios grupos de transportistas han amenazado con despejar los caminos por cuenta propia, lo que provocaría altercados entre las partes.
El presidente boliviano, ante la petición de una mayor cuota de venta, asegura que no hay nada que negociar. Considera que el Gobierno ya anuló el reglamento que generaba la discordia y que las protestas únicamente afectan a los transportistas y a las regiones bloqueadas. Por otra parte, Morales criticó este fin de semana a los cocaleros que el mismo controla. Aseguró que parte de la producción está siendo desviada hacia los narcotraficantes, lo que perjudica al país, que será criticado por ello en foros internacionales como el FMI.
Al respecto del Fondo Monetario Internacional, Morales ha sugerido la necesidad de llevar a juicio a la entidad. Considera que en los políticos anteriores al suyo, el FMI obligó a Bolivia a llevar a cabo políticas privatizadoras que descapitalizaron el país. Dichas medias habrían producido, según el presidente boliviano, fuertes daños a la economía del país que aun hoy persisten, algo por lo que la entidad tendría que responder judicialmente.
