El Gobierno boliviano de Evo Morales está impulsando en los últimos tiempos ciertas modificaciones que afectan a la propia estructura social del país. Cada una de estas nuevas leyes viene provocando en ciertos sectores de la sociedad un rechazo frontal. La conocida como Ley Mordaza, que afecta a la libertad de expresión, la nueva Ley de Pensiones, con modificaciones escasamente sociales, o la modificación de la Ley del Trabajo, que tiende a una mayor flexibilización en un mercado laboral marcado por la informalidad son las más problematicas. El Gobierno boliviano de Evo Morales está impulsando en los últimos tiempos ciertas modificaciones que afectan a la propia estructura social del país. Cada una de estas nuevas leyes viene provocando en ciertos sectores de la sociedad un rechazo frontal. La conocida como Ley Mordaza, que afecta a la libertad de expresión, la nueva Ley de Pensiones, con modificaciones escasamente sociales, o la modificación de la Ley del Trabajo, que tiende a una mayor flexibilización en un mercado laboral marcado por la informalidad son las más problematicas.
El presidente boliviano Evo Morales alcanzó el Gobierno del país gracias al perfil indigenista y social que su partido, el MAS, se encargó de difundir. En esta labor fue necesaria, y no debe considerarse un regalo sino el resultado de la reclamación de atención constante del propio Morales, la publicitación activa de su ideario por parte de los medios de comunicación. Esos mismos medios asisten hoy a la posibilidad más que palpable de que la Asamblea Nacional apruebe, de manera inminente, la Ley contra el Racismo, la conocida como Ley Mordaza.
Por exponer los puntos más conflictivos de dicha ley, hay que advertir de que ayer mismo, la bancada de senadores de Convergencia Nacional planteó un proyecto de ley para convocar a un referéndum sobre los artículos 16 y 23. Según estos artículos, el Gobierno estaría legitimado para retirar la propiedad de un medio de comunicación a su propietario cuando considere que desde el mismo se expresan opiniones racistas y discriminatorias. Además de sanciones económicas, los medios sancionados podrían pasar a manos de los sindicatos.
Además de impulsar la Ley Antirracismo, que ha provocado la lógica repulsa de los medios de comunicación e incluso de algunos sindicalistas, el Gobierno Morales negocia estos días con el Central Obrera Boliviana (COB) la nueva Ley de Pensiones. Según las informaciones que han trascendido sobre dicha ley, y que tanto la COB como el Gobierno han rechazado sin aportar detalles de las negociaciones, se estaría pensando incluir una pensión social para los más desfavorecidos. Hay que tener en cuenta que Bolivia no cuenta con un sistema público de pensiones y estas son de tipo privada, el ahorro es de los propios trabajadores.
Según las informaciones existentes, la reforma que se debate estos días plantea la necesidad de establecer un subsidio para los más desfavorecidos. De esta manera, aquellos trabajadores que cobren más de 4.500 dólares anuales (3.264 euros), deberán aportar una parte de sus ingresos a un fondo común. Dicho fondo servirá para abonar una pensión de entre 70 y 300 dólares mensuales (50 y 217 euros) a los trabajadores que no han alcanzado, a su jubilación, la media de los 4.500 dólares anuales. Para cobrarlo, será necesario haber trabajado los últimos 30 años de manera continuada.
Las críticas son variadas y provienen de diferentes puntos. En declaraciones a AmericaEconomica.com, el economista encargado de la Reforma Laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CECLA) de Bolivia, Carlos Arce, el Gobierno continúa sin aportar dinero a las pensiones sociales. “Abogamos por la recuperación del sistema vigente en los años 70. En el mismo aportaban tanto el Estado, como los empleadores así como el trabajador. La reforma anunciada por el Gobierno solo ratifica la ley neoliberal anterior”, ha asegurado Arce.
Por otra parte, Arce alude a la imposibilidad de cumplir, en un mercado laboral marcado por la inestabilidad y la informalidad, con el imperativo excluyente de haber trabajado 30 años de manera continuada. Además, aquellos que logren acceder a la pensión solidaria, se enfrentarán, con subsidios de entre 70 y 300 dólares mensuales, a una canasta básica que se eleva a los 180 dólares.
La negociación de la Ley de Trabajo es otra de esas nuevas leyes que enfrentan al Gobierno de Morales con los sectores sociales. La delegada de los maestros de La Paz en el COB, Vilma Plata, asegura que el Gobierno “prepara un paquete de medidas pro patronal y anti obrera.” Plata añade que “la actual ley del trabajo es buena. El Gobierno quiere flexibilizar un mercado laboral ya suficientemente precario, congelar los sueldos de los trabajadores y reducir los derechos de los trabajadores.” Esta declaración coincide con las expresadas por Carlos Arce, que rechazada las medidas del Gobierno por ultra neoliberales.
La sindicalista critica abiertamente a la Central Obrera Boliviana. Según Bilma Plata, “el Gobierno de Evo Morales está yendo contra los sindicatos y quiere coartar el derecho de huelga. Ha absorbido a la Central Obrera Boliviana y busca estatizar los sindicatos.”
La dirigencia del COB se ha defendido de las acusaciones por boca de su Secretario de Finanzas, Danilo Condori, que forma parte de los grupos de trabajo que se están reuniendo con el Gobierno para negociar los cambios legislativos señalados. “El COB está haciendo todo lo posible para negociar acuerdos que sean beneficiosos para los trabajadores. Las críticas parten de sectores que no han querido unirse a las negociaciones pese a ser invitados.” Al escuchar las declaraciones de Plata y Arce ha asegurado que se trata de “sectores de ultraizquierda trotskista y ultraderecha”, algo que la propia Bilma Plata había avanzado. “Nos llaman trotskistas e incluso terroristas”.
El Gobierno de Morales está sembrando la divergencia entre trabajadores y en el interior de los sindicatos. Las leyes que proyecta no alcanzan la unanimidad esperada entre la izquierda, lo que hace pensar que la raíz del problema podría estar en la suavización de sus políticas sociales. Desde la distancia, uno no puede dejar de pensar en la marcha de baluartes indigenistas del entorno del presidente como Felipe Quispe. Las últimas elecciones regionales y locales de 2010 pudieron ser la muestra de las dudas que las políticas del Gobierno suscitan entre su electorado.
