El Gobierno de Guatemala ha anunciado que ha invocado la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la que intentar promover el diálogo con las fuerzas opositoras, después de las violentas protestas que se han producido este fin de semana en rechazo a los nuevos presupuestos, cuyos detractores denuncian que no contemplan inversiones significativas en materia de educación, sanidad, y servicios sociales.
«El Gobierno de la República de Guatemala (…) ha resuelto invocar (…) la Carta Democrática Interamericana frente a los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días», ha anunciado el Gobierno a través de un comunicado, en el que denuncia «actos de violencia que coordinadamente han alterado la paz pública», para «poner en riego la institucionalidad democrática».
En las últimas horas, las autoridades ha informado de la detención de 37 personas, así como de una veintena de heridos, durante los disturbios ocurridos este sábado en el marco de las manifestaciones contra los presupuestos de 2021, la corrupción y el presidente, Alejandro Giammattei.
El Congreso de mayoría afín al Gobierno conservador de Giammattei ha aprobado la semana pasada un presupuesto por valor de 99.700 millones de quetzales (unos 10.800 millones de euros) con un aumento de cerca del 25 por ciento con respecto al ejercicio anterior.
La mayoría de fondos están dirigidos a la construcción de infraestructuras en concesiones al sector privado y no prevé aumentar las partidas de salud ni de educación, ni tampoco las destinadas a combatir la pobreza y la desnutrición infantil, pese a que casi el 60 por ciento de los casi 17 millones de habitantes de Guatemala vive en la pobreza y la desnutrición infantil afecta a casi el 50 por ciento de los menores de cinco años.
El Gobierno de Guatemala ha explicado que «el carácter antidemocrático» y «la grave amenaza institucional que representan» estas acciones han motivado que «las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo» recurran a la comunidad internacional, «para que ofrezca su apoyo a la preservación de la democracia».
Este mecanismo, aprobado el 11 de septiembre de 2001 durante una cumbre de la OEA, en Perú, es un instrumento jurídico con el que el organismo regional busca preservar «el orden democrático» cuando «se produzca una alteración del orden constitucional» en alguno de sus países miembros, a través de labores diplomáticas, que en caso de no prosperar podría incluso significar la expulsión de este Estado de la organización.
LA OPOSICIÓN RECHAZA EL MECANISMO DE LA OEA Y LLAMA CÍNICO A GIAMMATTEI
Algunos sectores de la oposición ha rechazado la invocación de la Carta Democrática de la OEA al considerar que se trata de una maniobra de Giammattei para criminalizar la protesta y han calificado de «cínico» al presidente guatemalteco, pues «la única violencia» es la que ha generado el Gobierno contra la ciudadanía.
«No sea cínico Giammattei. La única violencia de la que hemos sido testigos es la represión de su Gobierno contra la ciudadanía que se manifiesta pacíficamente. Ya basta de criminalizar nuestras protestas», ha escrito en sus redes sociales la diputada de Movimiento Semilla, una formación con siete representantes en el Congreso.
El secretario general de la formación socialdemócrata, Samuel Pérez, ha responsabilizado a las fuerzas policiales de iniciar los actos violentos y ha acusado al Gobierno de «comprar el Legislativo y cooptar el Judicial».
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado también en este sentido y ha denunciado el «uso excesivo de la fuerza» por parte de las fuerzas de seguridad en la noche del 21 de noviembre y ha pedido que se investigue lo ocurrido.
«La CIDH condena el uso excesivo de la fuerza de las autoridades contra manifestantes la noche del 21 de noviembre y pide que se investiguen los hechos vandálicos contra el Congreso, tras los cuales, agentes del Estado reprimieron de manera indiscriminada la protesta», ha publicado el organismo panamericano en su cuenta oficial en Twitter.
En cambio, la Organización de los Estados Americanos (OEA),ha advertido que «existe un derecho a la protesta, la cual debe ser asegurada absolutamente, pero no existe un derecho al vandalismo». «Los mandatos que otorga el pueblo en elecciones democráticas deben respetarse, ese es el sentido de la democracia», ha apuntado la OEA en un comunicado suscrito por su secretario general, Luis Almagro.
