La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha anunciado este lunes que se ha presentado una nueva denuncia, la sexta, contra el antiguo director de la estatal Pemex, Emilio Lozoya, tras reconocer que había participado en una red de sobornos a través de la constructora Odebrecht, en la que también habría participado el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El responsable de la UIF, Santiago Nieto, ha informado de que la sexta denuncia contra Lozoya está «relacionada con la adquisición y la contratación» de Odebrecht durante su gestión al frente de la petrolera estatal, a la que se utilizó, tal y como él mismo acusado señaló el pasado mes de agosto, para otorgar contratos de obras públicas a cambios de sobornos.
Durante la presentación del informe de Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, Nieto ha comunicado que Lozoya ha presentado una serie de documentos, entre ellos unas imágenes que ya fueron difundidas por redes sociales, que involucrarían a 70 personas físicas y jurídicas relacionadas de algún modo con antiguos senadores del Partido Acción Nacional (PAN).
El resto de denuncias que la UIF tiene sobre la mesa en contra de Lozoya van desde la compra con posibles sobrecostes de la empresa de fertilizantes Fertinal y el desvío de 83 millones de pesos (casi 3,3 millones de euros) a través de la Universidad de Chontalpa, hasta la adquisición de un astillero en bancarrota en España, así como por otra serie de irregularidades que involucrarían a Odebrecht y al último Gobierno de Peña Nieto.
Durante el pasado mes de agosto, Lozoya afirmó ante la Fiscalía que Peña Nieto y el que fuera su ministro de Hacienda, Luis Videgaray, habrían aceptado sobornos valorados en más de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) para la financiación de su campaña en 2012 y para la compra de voluntades políticas.
Durante sus últimas intervenciones ante la Fiscalía, Lozoya también acusó al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) de estar detrás de este tipo de delitos, ya que bajo su mandato «se gestaron sólidos esquemas de corrupción» con Odebrecht como protagonista, a través de una petroquímica también brasileña llamada Braskem, a la que «se le entregó un contrato de más de 20 años para la venta de etanol con un descuento inexplicable».
Estas recientes revelaciones han provocado que desde el Gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, se haya promovido una reforma constitucional para poder enjuiciar por delitos de corrupción a los antiguos inquilinos del Palacio Nacional.
Hace una semana López Obrador contaba con la intención de presentar ante el Senado una solicitud para poder convocar una consulta, respaldando así una campaña de recogida de firmas impulsada por su partido, MORENA, de cara a posibles juicios contra antiguos presidentes, entre ellos, Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) o el propio Peña Nieto.
LA UIF PONE EL PUNTO DE MIRA EN LOS CÁRTELES DE LA DROGA
Nieto también ha informado de que la UIF ha puesto el punto de mira en casi de una veintena de cárteles de la droga, cuyas actividades han provocado un fuerte y negativo impacto en la estructura económica del país.
El responsable de la UIF ha explicado que la manera más efectiva de hacer frente a este tipo de estructuras criminales es golpeando sus finanzas y persiguiendo la corrupción que dejan a su paso en las instituciones públicas y privadas del país.
Hasta la fecha, las autoridades mexicanas han bloqueado cuentas y patrimonio de estos grupos por valor de 5.678 millones de pesos (unos 225 millones de euros) y 344 millones de dólares (casi 13 millones de euros).
Por último, Nieto ha destacado que durante el Gobierno anterior se ha observado el crecimiento de este tipo de organizaciones criminales en el ámbito regional, como los cárteles de Unión Tepito y de Tláhuac, en Ciudad de México; Los Viagra, en Michoacán; así como el Cártel del Noroeste, en Tamaulipas; el Cártel Independiente, Acapulco; y los Rojos, en el estado de Guerrero.
