El Ministerio de Salud de Nicaragua ha comunicado este martes que en la semana del 16 y el 23 de junio se han confirmado 347 nuevos casos de la COVID-19, por lo que son ya 2.170 las personas afectadas por la pandemia, así como 10 muertes más, lo que supone un total de 74 víctimas mortales desde que comenzó la crisis sanitaria en el pequeño país centroamericano.
La ministra de Salud, Martha Reyes, ha señalado que gran parte de los pacientes de la COVID-19 habían presentado síntomas y enfermedades previas, como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares o tuberculosis pulmonar.
Reyes también ha alertado a la población de que se han introducido en el país de manera ilegal pruebas rápidas para diagnosticar la COVID-19, y ha explicado que no cuentan con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que los resultados de las mismas «provocan un manejo inadecuado de los casos» de la enfermedad al ser «inespecíficas».
Las cifras del Ministerio de Salud contrastan con las que ha ofrecido el Observatorio Ciudadano, un equipo conformado por varias organizaciones civiles de Nicaragua que surgió para «llenar el vacío informativo» que a su juicio imponían las autoridades del país en relación a la situación real de la pandemia de la COVID-19.
Así, de acuerdo con este colectivo, que afirma trabajar con fuentes primarias y secundarias contrastadas, unas 5.957 personas habrían contraído la enfermedad, mientras que la cifra de fallecidos sería de 1.668, según su último informe, publicado el pasado 17 de junio.
En relación a la falta de transparencia en relación a la gestión de la enfermedad en el país, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el Gobierno encabezado por Daniel Ortega ha despedido al menos a diez trabajadores sanitarios por cuestionar la gestión oficial frente a la pandemia de coronavirus.
Observadores médicos han puesto en duda durante semanas el discurso oficial asegurando que la cifra real es superior incluso en varios miles.
Las autoridades no han impuesto medidas de confinamiento ni ordenado el cierre de centros educativos. Ortega, desaparecido durante un mes en plena pandemia, llegó a calificar a finales de abril de «radicales» y «extremistas» a quienes defendían la necesidad de quedarse en casa y evitar aglomeraciones.
A mediados de mayo, más de 700 trabajadores médicos pidieron por carta al Gobierno que reconociese la emergencia y adoptase los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el colapso del sistema. El 6 y el 9 de junio, las autoridades ordenaron el cese de varios de los firmantes con sendas cartas en las que no se reflejaban motivos, sin respetar los procedimientos.
