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Rafael Correa presenta la apelación a su condena de ocho años de cárcel por un delito de cohecho

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa
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El expresidente ecuatoriano Rafael Correa

Correa, que siempre ha defendido su inocencia y ha denunciado estar siendo víctima de una persecución política.

viernes 01 de mayo de 2020, 09:11h

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), ha apelado este jueves ante el Tribunal Nacional su sentencia de ocho años de prisión por un delito de cohecho en el caso conocido como 'Sobornos 2012-2016', al igual que otros once condenados de los 20 que hubo.

El abogado de Correa, Fausto Jarrín, ha explicado que además del recurso de apelación, también han solicitado una ampliación y aclaración de la condena, pues ha calificado la sentencia de "oscura", ya que "no explica con base en qué elementos se habla de instigación".

Jarrín ha contado que después de recibir la sentencia escrita, las defensas de los procesados solicitaron a través de un correo electrónico una ampliación y aclaración del fallo, que no les ha sido facilitada.

El plazo para apelar el fallo finaliza el viernes, aunque las funciones del Tribunal, ha recordado la cadena de televisión Ecuavisa, se mantienen suspendidas debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del nuevo coronavirus.

Correa, que siempre ha defendido su inocencia y ha denunciado estar siendo víctima de una persecución política, fue condenado el 7 de abril de 2019 a ocho año de prisión por el Tribunal Nacional de Justicia de Ecuador al considerar que era culpable de un delito de cohecho.

El expresidente ecuatoriano, en cuya condena estaba también una inhabilitación de 25 años para actuar en política, fue condenado junto a otras 16 personas, alguna de las cuales había formado parte de su Gobierno.

Es el caso del que fuera vicepresidente Jorge Glas, quien ya cumplía una pena de seis años de prisión desde 2017 por un caso de soborno en el que estaba detrás la constructora brasileña Odebrecht, con un amplio historial de casos de corrupción en todo el continente sudamericano.

Según la Fiscalía de Ecuador, entre 2012 y 2016, varios funcionarios del Estado, así como empresarios privados, formaban parte de una trama corrupta en la cual se facilitaban contratos de obras públicas a cambio de dinero.

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