Ante la amenaza de nuevas elecciones, el legislativo peruano da el visto bueno al referéndum sobre las reformas judiciales y políticas que se proponen desde el Ejecutivo.
El órdago del presidente peruano, Martín Vizcarra, ha surtido efecto y, a través de la amenaza que suponía la disolución de la legislatura si no salía adelante su voto de confianza; el Congreso de Perú ha dado su visto bueno a un referéndum sobre las reformas judiciales y políticas que se proponen desde el Ejecutivo.
Entre ellas, se incluyen normas más estrictas para la financiación de campañas, cambios en la forma en que se nombra a los magistrados o el restablecimiento de una cámara alta en el Congreso, que serían sometidas a dicho referéndum este próximo 9 de diciembre.
De hecho, Vizcarra ha conseguido un abrumador respaldo de la oposición ya que han sido 82 los votos a favor, frente a tan sólo 22 en contra y 14 abstenciones. Y es que, de lo contrario, al tratarse del segundo rechazo a una votación de este tipo desde las elecciones de 2016; el nuevo presidente peruano habría podido disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias.
Con todo, tras lo que supone una gran victoria política para él, Vizcarra ha optado por mostrarse conciliador e integrador con el resto de fuerzas políticas: «Aquí no hay vencedores ni vencidos. Hoy solo ha ganado el Perú», señaló en su cuenta de la red social Twitter tras la votación.
El principal cambio ha venido de la mano del partido Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori y que cuenta con mayoría en el Congreso, ya que, después de su oposición inicial que llevó a Vizcarra a pedir el voto de confianza, ha terminado por claudicar.
Al respecto, la propia Fujimori defendió el cambio de postura señalando que Perú «no está para golpes de Estado, no está para debilitar más a sus instituciones», en alusión a la posibilidad de la disolución del Congreso.
Una eventualidad que llegaría además, después de que durante esta legislatura, Vizcarra ya asumiese el cargo por una vía excepcional al reemplazar al presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, después de que éste dimitiese ante la amenaza cierta de ser destituido. De hecho, lo hizo en la víspera de una votación en el Congreso en el que se le iba a sancionar por sus presuntos vínculos con el gigante de la construcción brasileña Odebrecht, implicado en la concesión de sobornos a políticos de toda la región a cambio de infraestructuras.
