El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha ordenado que la policía del país caribeño tome el control de puertos, aeropuertos y de la distribución de combustible, con el fin de garantizar los servicios durante la huelga de sindicatos que ha dado comienzo hoy en rechazo a su reforma tributaria.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha ordenado que la policía del país caribeño tome el control de puertos, aeropuertos y de la distribución de combustible, con el fin de garantizar los servicios durante la huelga de sindicatos que ha dado comienzo hoy en rechazo a la reforma tributaria impulsada por su Gobierno.
Y es que las asociaciones de representación de los trabajadores del sector público, así como de sectores estratégicos como educación, salud, energía, transportes, o puertos, consideran que la reforma que, ahora, se discute en el Congreso supone una carga desproporcionada para las clases medias y bajas, y para los trabajadores estatales.
En concreto, la reforma fiscal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal medida la conversión del impuesto de ventas del 13% a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar. Un proyecto con el que se busca recaudar cerca del 2% del producto interior bruto (PIB).
Asimismo, la iniciativa tiene tasas diferenciadas del 4% para la educación y salud privada, y del 2% para productos de la canasta básica; aunque la comisión que estudia la iniciativa ha aplicado cambios que directamente exonerarían la educación privada y reducirían al 1% el IVA para la canasta básica. También incluye la renta global y modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta de capital, así como iniciativas para contener gastos, especialmente pluses salariales en el sector público.
Y es que el Gobierno de Alvarado considera que el déficit fiscal proyectado al 7,1% del PIB en 2018 y la deuda que superará el 50% del PIB, son las dos grandes amenazas de la economía del país y que la reforma fiscal será un primer paso para comenzar a corregir la situación.
Por ello, en un mensaje emitido ayer por televisión, Alvarado ha contraatacado ante las medidas sindicales al definir a la huelga como ilegal y advertir que su Gobierno acudirá a los tribunales para que éstas sea declaradas ilegal.
Asimismo, el presidente del país caribeño añadió que con las acciones de toma de control de puntos logísticos clave de la nación «estamos garantizando a la ciudadanía costarricense la continuidad del suministro de combustibles, de los servicios portuarios y del tráfico en las terminales aéreas internacionales».
En esta línea, Casa Presidencial informó que el trabajo, a cargo de Fuerza Pública, Vigilancia Aérea y Servicio de Guardacostas, fue coordinado con la administración tanto de Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) como de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
«He girado instrucciones a @seguridadcrc para que tomara control de los planteles de RECOPE en todo el país y del muelle de JAPDEVA con el fin de asegurar el abastecimiento de combustibles a toda la población y que las exportaciones e importaciones no sufran ningún inconveniente», ha señalado Alvarado en su cuenta oficial de Twitter.
La presencia policial busca garantizar los servicios, pero además como prevención el Gobierno de Alvarado ha traído desde Panamá una nave remolcadora, así como personal panameño y también colombiano para la distribución de mercancías.
