Previamente, Sacyr, que lideró el consorcio internacional que construyó la ampliación del Canal de Panamá, anunció que llevaría al país centroamericano ante la UNCITRAL por supuestos daños y perjuicios ocasionados por los sobrecostes en los que incurrió durante su construcción.
El Gobierno de Panamá ya ha contratado al reconocido bufete de abogados estadounidense Foley Hoag, especializado en litigios y arbitrajes internacionales, para hacer frente a la demanda interpuesta ante la ONU por la constructora española Sacyr, según ha adelantado a la Agencia EFE una fuente de la Cancillería panameña.
De esta forma el equipo y proceso legal en torno al conflicto por sobrecostes en las obras de ampliación del canal interoceánico se coordinará desde los Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas del país centroamericano.
Y es que, previamente, Sacyr, que lideró el consorcio internacional que construyó la ampliación del Canal de Panamá, anunció que llevaría al país centroamericano «ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) por supuestos daños y perjuicios ocasionados por la insuficiente información previa recibida a la hora de la construcción del Tercer Juego de Esclusas».
La constructora española explicaba hoy mismo con esta medida busca reforzar la protección de sus derechos, ya que considera que las actuaciones de Panamá violan algunas obligaciones incluidas en el acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá.
Entre esas obligaciones, figura las de dispensar un trato justo y equitativo, no someter a la inversión de Sacyr a medidas arbitrarias o discriminatorias y no expropiar la inversión de la compañía sin el debido procedimiento legal e indemnización.
La medida adoptada por Sacyr, líder de Grupo Unidos por el Canal (GUPC), supone un paso más en el conflicto legal que mantiene el consorcio con el canal interoceánico por los sobrecostes en la construcción del tercer juego de esclusas, inaugurado en junio de 2016.
GUPC, integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA, firmó en 2009 el contrato de construcción de las nuevas esclusas por 3.118 millones de dólares, pero el coste final ha resultado ser mucho más alto.
De esta forma, el pasado julio se conoció que el consorcio había elevado a la fase de arbitraje reclamaciones por valor de 5.393 millones de dólares (unos 5.393 millones de euros) y de los que quedaban por resolverse disputas por valor de 5.199 millones de dólares.
Con todo, la notificación de solicitud de arbitraje ante la ONU no fija la cuantía económica de las reclamaciones, que según ha explicado Sacyr se detallará según avance el procedimiento.
