En este contexto, hoy mismo, se reúne el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para discutir una propuesta de creación de una comisión especial del organismo que se ocupe de la situación en Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elevado hoy la cifra de muertos registrados en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de julio a 317 como resultado de la crisis por la que atraviesa el país desde el pasado 18 de abril, cuando se iniciaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Unas cifras en referencia a las cuales Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH, ha señalado que «La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados» y que, por ello, «insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes». Asimismo, la Comisión verificó «la persecución y criminalización por parte del Estado» contra aquellos que han salido a protestar.
En el documento, que acaba de hacer público, la CIDH apuntó también que la «persecución judicial y la criminalización» debe ser considerada en un «contexto de declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales».
Sin embargo, el Gobierno de Ortega continúa restando gravedad a los hechos e incluso rebaja la cifra de muertos a 195. Además, según ha señadlo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, el Ejecutivo nicargüense les está poniendo dificultades para desarrollar su trabajo ya que ha dejado de facilitarles información oficial.
Pese a ello, la CIDH solicitó ayer al Ejecutivo nicaragüense la cifra actualizada de fallecidos y le ha pedido también mantener una serie reuniones con autoridades del Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público de Nicaragua.
En este contexto, hoy mismo, se reúne el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para discutir una propuesta de creación de una comisión especial del organismo que se ocupe la situación en Nicaragua.
Al respecto, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, ya ha manifestado en las redes sociales que considera una «obligación» del organismo actuar en Nicaragua ya que, según ha señalado, «la defensa de la democracia NO es injerencia, es una obligación que los países asumieron al suscribir la Carta Democrática».
No obstante, Jacinto Suárez, jefe de relaciones internacionales del partido de Ortega, en declaraciones que recoge el diario «La Prensa» de Managua, ya ha dejado entrever que la voluntad del Ejecutivo nicaragüense no será precisamente la de tener en cuenta las eventuales resoluciones de la OEA al pedir al organismo «no andar jodiendo».
