Tras las conversaciones de ayer, se han registrado nuevos enfrentamientos en al menos seis ciudades del país con el resultado de cinco nuevas muertes adicionales; y, según la opositora Alianza Cívica, el Gobierno de Ortega se niega a acceder a ninguna de sus peticiones.
Aunque ayer se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno de Daniel Ortega y la oposición nicaragüense, las perspectivas de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto civil que ha causado al menos 226 muertos en el país centroamericano han recibido un nuevo jarro de agua fría en las horas posteriores.
Tanto porque se han registrado nuevos enfrentamientos en al menos seis ciudades del país con el resultado de cinco nuevas muertes adicionales, como por las reticencias del Gobierno de Ortega a acceder a las peticiones de la opositora Alianza Cívica o de la Conferencia Episcopal del país, quién actúa como mediadora.
Así, tras las reanudación de unas conversaciones entre Gobierno y oposición que ya vivieron una primera e infructuosa etapa a finales de mayo, la representante de la Alianza Cívica en la mesa electoral de trabajo por el Diálogo Nacional de Nicaragua, Daysi George, explicó que los miembros del Gobierno no se mostraron receptivos ni a su propuesta de adelantar elecciones, «ni al planteamiento de democratizar el país».
Por su parte, el obispo Silvio Báez fue más cauto al señalar que la Iglesia nicaragüense sigue esperando una respuesta de Ortega a la hoja de ruta planteada por los obispos para solucionar la crisis con propuestas como el adelanto de elecciones presidenciales, la renuncia de los miembros del poder electoral o una nueva ley de partidos, ya que lo cierto es que, hasta el momento, Ortega guarda silencio.
Pero las declaraciones apuntando que «la obra de Dios» en el país «tiene que ser restaurar la paz y la seguridad para todas las familias nicaragüenses» de Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República y cónyuge del presidente, no apuntan precisamente en esa dirección de un adelanto de las elecciones generales para marzo de 2019 tal y como había propuesto la Iglesia de Nicaragua.
Tampoco que no hubiese avances en la Mesa Judicial (una de las tres que se han creado junto con la ya mencionada de Sistema Electoral y la de Seguridad), donde Víctor Cuadra, el representante de la Alianza, dijo que la segunda sesión de este grupo de trabajo «se suspendió» por motivos que desconocen.
Todo este contexto ha llevado a la Alianza Cívica a anunciar más protestas contra el presidente que se celebrarán bajo la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que esta última se haya instalado en el país centroamericano con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones y medidas cautelares, entre las que destaca el cese de la represión.
