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Por 6 votos a 5, la máxima instancia judicial de Brasil falla contra los interrogatorios forozosos

El Supremo brasileño declara inconstitucional el interrogatorio a Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil

Por 6 votos a 5, la máxima instancia judicial de Brasil ha ratificado que el instrumento por el que se llevó a declarar en la investigación de la Operación Lava Jato al expresidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, conocido como «interregotario forzoso», se utilizó de manera anticonstitucional.

Por 6 votos a 5, la máxima instancia judicial de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, ha ratificado que el instrumento por el que se llevó a declarar en la investigación de la Operación Lava Jato al expresidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, conocido como «interregotario forzoso», se utilizó de manera anticonstitucional. 

El motivo es que, según establece el dictamen de la Corte, este instrumento debería quedar reservado para aquellos casos en los que, no siendo alguien ni imputado ni procesado, se utilice como último recurso después de que esa persona se hubiese negado previamente a todos los requerimientos formales correspondientes.

Sin embargo, en el caso de la conocida como Operación Lava Jato fue el juez Moro quien, el 4 de marzo de 2016, sin requerimiento previo de la Justicia, decidió enviar a unos 500 policías federales a buscar al ex presidente en su casa en Sao Bernardo do Campo para ser interrogado por un comisario.

Posteriormente, el pasado 7 de abril, Lula resultaría condenado a 12 años y un mes de prisión, lo que, en principio, frustraba sus posibilidades de volverse a presentar a las próximas elecciones presidenciales de octubre, tal y como tenía previsto.

Sin embargo, la formación de Lula, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, al igual que hizo la Orden de Abogados de Brasil (OAB) presentó un recurso que cuestionaba la utlización de la citada figura de los «interrogatorios forzosos», utilizada 227 veces desde el inicio de la operación en 2014 y que ha ayudado a encarcelar a más de un centenar de los principales políticos y empresarios del país.

Y, aunque esta decisión de la máxima instancia judicial de Brasil no tenga efectos retroactivos, sí podría afectar a la votación que la Corte Suprema aún ha de realizar en torno a una petición de libertad condicional de Lula, quien siempre ha negado las acusaciones por las que fue condenado y se considera víctima de una persecución para impedirle participar en las citadas elecciones presidenciales.

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