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La compañía ha anunciado que responderá con acciones legales nacionales e internacionales

América Móvil, obligada a pagar más de 1.000 millones a Colombia

Bandera de Colombia

Comcel, la filial colombiana de la cuarta mayor compañía de telecomunicaciones del mundo, controlada junto a Telmex por Carlos Slim, ya ha anunciado que responderá con «acciones legales nacionales e internacionales». Comcel, la filial colombiana de América Móvil, la cuarta mayor compañía de telecomunicaciones del mundo, controlada junto a Telmex por el Grupo Carso, cuyo accionista mayoritario es el multimillonario Carlos Slim; deberá pagar a Colombia 1.025 millones de dólares.

Así lo establece un fallo del Tribunal de Arbitramento de Colombia que indica además que el pago deberá realizarse en un máximo de 15 días, o pagar intereses moratorios a partir de esa fecha. La sentencia es resultado de un proceso que se inició en 2013.

Entonces, según señala el diario mexicano El Ecomista, la Corte Constitucional de Colombia advirtió que durante la primera mitad de la década de los 90 dentro de los contratos que tenían las ‘telecos’ en los papeles de concesión, había una cláusula de reversión de activos.

Por ello, si bien el fallo no obliga ahora a los operadores a devolver la infraestructura; sí les obliga a compensar a Colombia por un monto equivalente al monto de bienes, elementos, equipos e infraestructura necesarios para la prestación de su servicio.

Una sentencia frente a la que la multinacional méxicana ha señalado que tomará «las acciones legales nacionales e internacionales correspondientes, en defensa de sus legítimos intereses, los de sus trabajadores, usuarios y accionistas?.

Además, la compañía añade su interpretación, según la cual ?de acuerdo con las leyes aplicables del Congreso de la República, la reversión debía aplicarse únicamente sobre el espectro radioeléctrico, con el fin de fomentar la inversión y la modernización del servicio de telecomunicaciones en el país».

Por esta razón, considera que se ha producido un cambio en el marco jurídico existente, que afecta a «elementos tan indispensables como el derecho a la propiedad privada y la certeza jurídica necesaria para la promoción de inversiones en el país, mismas que han permitido el desarrollo de un sector vital para el bienestar de los colombianos?.

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