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China y Venezuela cierran un acuerdo petrolífero

Bandera de China
Bandera de China
jueves 08 de junio de 2017, 01:00h
Para la consecución del mismo ha resultado providencial el polémico fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el que éste órgano asumía las competencias de la Asamblea Nacional (AN), tan sólo parcialmente revocado.
Venezuela y China han firmado un acuerdo petrolífero por el que el gigante asiático ofrecerá al país sudamericano financiación con el propósito de que éste pueda incrementar su producción en 325.000 barriles al día.



En concreto, la inversión se focalizará en la reconexión de pozos en el Lago de Maracaibo en el estado Zulia, de donde se esperan obtener 61.000 barriles al día; y en la Faja Petrolífera del Orinoco ?Hugo Chávez Frías?.



A cambio, el petróleo procedente de este último área se refinaría en China, según ha desvelado por el vicepresidente de Planificación venezolano, Ricardo Menéndez, durante una videollamada desde la ciudad de Beijing, al programa "Al Aire", de la cadena pública Venezolana de Televisión (VTV).



Y es que este miembro del ejecutivo venezolano se encuentra en China como parte de una visita de trabajo en el contexto de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre ambos países, que hace seguimientos de los proyectos que estos mantienen para el impulso de la actividad petrolera, así como del desarrollo minero, industrial, agrícola y petroquímico.



En este sentido, se celebrarán también reuniones en materia industrial, agrícola y de inversión en minería durante la mencionada visita. Una muestra más de la importancia que Venezuela otorga a China como socio prioritario.



Más aún, casi el principal soporte del país en estos momentos; o al menos, de su Ejecutivo y todo lo que este representa como modelo político. De hecho, en esta línea, Menéndez ha señalado que el citado acuerdo sirve para que "esos apátridas que no quieren a nuestro país, sepan que Venezuela tiene profunda credibilidad?.



Una referencia a que el acuerdo puede constituirse a medio plazo en la línea de salvación de un Gobierno desesperado por obtener financiación en un país cuya fuente casi exclusiva de ingresos exteriores es el petróleo. Y una constatación también del sentido de determinados movimientos de los últimos meses.



Como el aspecto decisivo que supuso que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al revisar y revocar el polémico fallo 156 por el que éste órgano asumía las competencias de la Asamblea Nacional (AN), el pasado 1 de abril, sí mantuviese el apartado 4.2 de dicha sentencia 156.



Es decir, precisamente aquel apartado que establece que "resolviendo la interpretación solicitada del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones".



O lo que es lo mismo, la autorización al Gobierno de Nicolás Maduro a firmar contratos de interés público con Estados o empresas públicas y privadas extranjeras, sin la aprobación de la Asamblea Nacional.



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