Mientras se define un nuevo operador, la compañía prestará servicio bajo la administración temporal del agente especial de la Superservicios. El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, José Miguel Mendoza, ha ordenado hoy la liquidación de Electricaribe, la distribuidora y comercializadora controlada por el grupo español Gas Natural Fenosa, intervenida por el Gobierno del país sudamericano el pasado 15 de noviembre.
Desde entonces, la Superserintendencia tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de la electrificadora con la intención de hacer frente a la crítica situación financiera de la compañía ya que acumulaba facturas impagadas por valor de 1.259 millones de euros, si bien según la tenía provisionados el 83 % de este importe.
En este periodo, también se ha intentado hallar una solución concertada a la crisis ya que Gas Natural Fenosa se había mostrado partidaria de intentar llegar a una acuerdo con Colombia. Pero a la vez pedía una solución a los problemas de fraude y de impago de la compañía.
Sin embargo, la Superintendencia colombiana ha determinado que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad debidas, ni de realizar las inversiones que considera necesarias.
Por ello, ha ordenado la liquidación de Electricaribe y comenzará inmediatamente un proceso abierto y competitivo para encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe.
Mientras se surten esos trámites, Electricaribe continuará prestando el servicio de energía en el mercado de la Costa, bajo la administración del agente especial designado por la Superintendencia.
En las siguientes semanas, según recoge la prensa colombiana, un equipo de la entidad, liderado por el Superintendente, recorrerá los siete departamentos de la Costa Caribe para explicar los alcances de la decisión adoptada por la Superintendencia de Servicios Públicos y los tiempos del proceso liquidatorio de Electricaribe.
Por su parte, Gas Natural Fenosa tiene la opción de solicitar un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (BM).
El consejero delegado de la empresa española, Rafael Villaseca, había asegurado a principios de febrero que el valor razonable que se ha asignado a la compañía es de 475 millones, pero dejó claro que el valor real de la compañía era ?mucho más?, según recogen las agencias.
