En concreto, se trata de Del Monte, quien a través de una subsidiaria, reactivará zonas bananeras en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, en el oeste del país El consejo de ministros del Gobierno panameño aprobó hoy la celebración de un Contrato Ley que permitirá a una subsidiaria de la empresa estadounidense Del Monte invertir 100 millones de dólares en la reactivación de zonas bananeras de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro (oeste).
El ministro panameño de la presidencia, Álvaro Alemán, dijo en una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Gabinete que con la reactivación de esta actividad comercial, a través de la empresa Banapiña de Panamá, S.A., se generarán unos 3.100 empleos directos y 12.000 indirectos.
Alemán indicó en ese sentido que este acuerdo con Del Monte va a significar una «inyección importante» en materia de servicios y comercio para la región del Barú en Puerto Armuelles, Chiriquí, en la zona fronteriza de Panamá con Costa Rica.
El acuerdo, que deberá ser refrendado por la Contraloría y luego ser presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para su aprobación, tendrá un impacto también en el incremento de las exportaciones agropecuarias del país, añadió.
Explicó que según este contrato se contempla una productividad promedio de 2.700 cajas de banano por hectárea anualmente, además del arriendo de unas 1.700 hectáreas de propietarios individuales y 4.034 hectáreas de la nación dadas en concesión a la empresa.
«Estamos hablando de un total de 5.804 hectáreas aproximadamente que se incorporarán a la producción bananera en la región de Barú», resaltó Alemán.
Del Monte, por su parte, consignará una fianza de cumplimiento del 5 % por el total de la inversión durante un periodo de 7 años.
El contrato estipula que Banapiña Panamá, S.A., realizará una inversión mínima de 100 millones de dólares en esos años en los distritos de Barú y Alanje, en Chiriquí, y en el distrito de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, señaló por su parte en un comunicado la Secretaría de Comunicación del Estado.
A la trasnacional se le otorgarán algunos incentivos de índole fiscal por un lapso de 20 años que estarán sujetos a negociación antes de la prórroga del contrato por 20 años adicionales, detalló el ministro de la Presidencia.
Destacó que la compañía a su vez va a estar sujeta al pago de impuestos de dividendo, al pago de impuestos complementarios y al de impuestos municipales, a la retención de Impuesto Sobre la Renta por remesas que se hagan al exterior en concepto de regalías y de honorarios u otros.
Agregó que el paso que sigue ahora es la firma del contrato con Banapiña, que puede ser la otra semana, y luego será presentado a la Contraloría para su refrendo.
La empresa presentará un Plan de Desarrollo del Proyecto de Reactivación Bananera en el año calendario siguiente a la entrega de las fincas.
El proyecto se ejecutará por etapas a un ritmo de 800 hectáreas por año, paralelamente a la ejecución de las inversiones requeridas en la construcción de edificaciones e instalación para la operación del proyecto.
El Alcalde de Barú, Franklyn Valdés, dijo a periodistas que la compañía le pagará a este distrito la suma de 312.000 dólares al año y mensualmente 26.000 dólares.
Valdés afirmó que solo con los empleos que dé esta empresa «nos sentimos satisfechos y conformes».
El ministro panameño de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena, señaló que la cantidad promedio de producción de cajas de banano estimada «impactará positivamente las exportaciones del país».
El distrito de Barú, con una población superior a los 25.000 habitantes, tiene en la producción bananera una de sus alternativas para mejorar la economía.
Hasta marzo de 2008, la estadounidense Chiquita Brands ostentaba el monopolio de la comercialización del banano en Barú, pero decidió abandonar el negocio y transferirlo a los trabajadores de las fincas, que se agruparon en la cooperativa llamada Coosemupar, aunque no consiguieron relanzar el sector.
