El Salvador sufre una aguda crisis fiscal, a tal grado que el mismo presidente Salvador Sánchez Cerén ha advertido de una posible situación de impago o ‘default’. Entretanto, las presiones nacionales e internacional están obligando al liderazgo nacional a intentar pactar un acuerdo que supere una posible debacle. El Salvador sufre una aguda crisis fiscal, a tal grado que el mismo presidente Salvador Sánchez Cerén ha advertido de una posible situación de impago o ‘default’. Entretanto, las presiones nacionales e internacional están obligando al liderazgo nacional a intentar pactar un acuerdo que supere una posible debacle.
La influyente Iglesia católica, la embajada de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las minorías parlamentarias instan cada vez más insistentemente al gobierno y a la oposición para que se sienten a dialogar y llegar a un acuerdo para detener la crisis, que se ha agudizado en el presente año, pero ha sido una constante en los últimos 25 años.
Analistas locales, como el presidente del Colegio de Economistas, Alfonso Goitia, indican que la crisis financiera tiene sus orígenes en el escaso crecimiento por décadas de la economía local, la poca inversión nacional y extranjera, la presión ascendente de la deuda previsional, así como en la evasión y elusión fiscal que entre ambas sobrepasa los 2.000 millones de dólares.
Ello ha obligado a los gobiernos de turno a recurrir a los préstamos internacionales para financiar sus presupuestos, procesos que en El Salvador se han convertido en batallas políticas por el antagonismo histórico de las principales fuerzas: el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -izquierda- y el opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) -derecha-.
El gobierno de Sánchez Cerén ha solicitado al Parlamento, dominado por la derechista ARENA, 1.200 millones de dólares para terminar 2016 por medio de un canje de deuda de corto plazo por una de largo plazo, con lo cual obtendría dineros para financiar sus programas sociales, pagar a proveedores y amortizar la deuda externa e interna que totaliza los 16.000 millones, alrededor del 60 por ciento respecto al producto interno bruto (PIB).
Pese a que las conversaciones entre el gobierno y ARENA ya comenzaron hace una semana, las presiones en la actualidad se dirigen a que se produzcan resultados.
La embajadora de Estados Unidos Jean Manes llamó recientemente a llegar a acuerdos. «Deben tener una conversación honesta; un acuerdo fiscal es clave no sólo para obtener los fondos, sino también para la comunidad internacional por la señal que se envía», apuntó la diplomática.
El pasado domingo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, también llamó a las fuerzas políticas a llegar a acuerdos y evitar el impago, el cual afectaría gravemente al país.
Por otra parte, los pequeños partidos políticos con representación legislativa como Gran Alianza Nacional (GANA), Democracia Cristiana (PDC) y Conciliación Nacional (PCN) propusieron al Gobierno y a ARENA la aprobación lo más pronto posible de un primer tramo de 600 millones de dólares para que el Estado cumpla con sus compromisos.
ARENA había prometido aprobar 500 millones, pero el Gobierno lo considera insuficiente. La propuesta de los partidos pequeños puede ser un punto de partida de iniciar una solución.
Un miembro de la mesa económica por la parte oficial, que prefirió el anonimato, dijo a dpa que en la reunión de la tarde del martes en Casa Presidencial se «había logrado avanzar en varios temas como acciones para la inversión y generación de empleos de calidad; se ha quedado en continuar las reuniones para llegar a acuerdos de corto y largo plazo».
Según analistas locales, como Juan José Martel y Roberto Rubio, era fundamental que Gobierno y ARENA se sentaran a negociar, pero insistieron que estos procesos deben hacerse en bien del interés nacional y no de los partidos que los negociadores representan.
El Salvador, país de apenas 21.000 kilómetros cuadrados y 6,3 millones de habitantes, sufrió hace 25 años una cruenta guerra civil por falta de entendimientos entre las partes en conflicto. Por ello, sectores de la sociedad civil presionan para que los antagonismos sean suprimidos por el diálogo y la negociación en todos los aspectos de la vida nacional.
