Las condenas dictadas ayer contra 12 campesinos paraguayos por los sucesos sangrientos ocurridos en Curuguaty en 2012, en la que murieron 11 campesinos y seis agentes, ha tenido una alta repercusión en la población que ha mostrado su rechazo. Las condenas dictadas ayer contra 12 campesinos paraguayos por los sucesos sangrientos ocurridos en Curuguaty en 2012, en la que murieron 11 campesinos y seis agentes, ha tenido una alta repercusión en la población que ha mostrado su rechazo.
Los hechos de Curuguaty se remontan a mayo de 2012 cuando la finca Campos Morombi de esa localidad fue ocupada por un centenar de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas en el centroriental departamento de Canindeyú.
Cuando se cumplían tres semanas de ocupación el Ministerio del Interior ordenó el desalojo por la fuerza y envió un amplio contingente policial, lo cual provocó enfrentamientos violentos entre ocupantes y la fuerza pública con aquel saldo trágico.
Condena ilegal
Aunque era evidente la falta de elementos decisivos por la Fiscalía para vincularlos con la muerte de policías durante la matanza, los labradores encartados recibieron ayer penas de cuatro a 30 años de prisión.
La mayor sentencia, de tres décadas en la cárcel y cinco años con medidas de seguridad, fue para el considerado autor de homicidio doloso del comisario al frente de la operación policial.
Otros tres fueron sentenciados como coautores, uno a 20 años y dos a 18, en tanto el resto recibió diversas sanciones, leídas en medio de protestas en la sala del Palacio de Justicia donde se dieron las conclusiones de la causa.
Estas las protagonizaron los abogados defensores y quienes asistieron por tratarse de un proceso oral y público, principalmente familiares y compañeros de los imputados.
Tras el fin de la jornada, esos letrados y parientes se encerraron en el sitio del juicio y anunciaron que estarán allí hasta tanto sean recibidos por los jueces que dictaron las penas para expresarles su rechazo.
En un comunicado a la opinión pública, ellos expresaron esa decisión y pidieron el apoyo de diversos sectores sociales mediante la realización de una vigilia permanente en las afueras del Palacio de Justicia.
«Consideramos esta condena ilegal y arbitraria que criminaliza la lucha campesina y deja impune a los verdaderos responsables», señala el texto en referencia a que solo fueron enjuiciados los campesinos y se obvió la responsabilidad policial.
Esto hace que el país retroceda a una época inquisitorial, exigimos la libertad de los campesinos pues no aceptamos la sentencia, agrega.
Los defensores exigirán la nulidad del fallo, sobre todo porque el tribunal juzgó a varios acusados por homicidio doloso consumado, pero en el proceso se les imputaba esa categoría en grado de tentativa.
