Cada día un defensor de los derechos humanos como promedio se enfrenta a una agresión de cualquier tipo en Guatemala e incluso algunos encuentran la muerte de manera violenta en un contexto adverso para esa labor, coinciden varios colectivos sociales. Cada día un defensor de los derechos humanos como promedio se enfrenta a una agresión de cualquier tipo en Guatemala e incluso algunos encuentran la muerte de manera violenta en un contexto adverso para esa labor, coinciden varios colectivos sociales.
Este es el motivo por el que organizaciones civiles, activistas, diputados, delegados de la cooperación internacional e incluso autoridades de gobierno, se muestran de cuardo en la urgencia de frenar esta problemática que según datos aportados motivó 4.485 denuncias del 2000 al 2015.
Según la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), el 49% de las quejas corresponden al período de Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y los principales afectados fueron indígenas, ambientalistas; y defensores de los derechos humanos, de la verdad y de la memoria histórica.
Pero más ilustrativo resulta que 43% de los perjudicados fuesen defensores del territorio y sobre todo de la Franja Transversal del Norte, donde confluyen los bienes naturales más valiosos de Guatemala y por tanto, buena parte de los proyectos extractivos y megaproyectos con capital internacional y nacional.
“Lo más lamentable es que dos décadas después de firmados los Acuerdos de Paz Firme y Duradera tenga que hablarse de lo mismo que fue visualizado en el ámbito del proceso que llevó al pacto que dio por terminado el conflicto armado interno”, opina la presidenta de la Myrna Mack, Helen MackEdgar Pérez, abogado del Bufete de Derechos Humanos, destacó que “toda agresión a un defensor es un ataque a un colectivo” y mencionó los patrones sistemáticos de criminalización contra estos, así como la doctrina jurídica a partir de la cual el Estado reprime y coloca fuera de derechos a los activistas.
“La desconfianza entre los sectores derivó de los enfrentamientos en 36 años de guerra, de la participación de todos los militares en ella, de la instalación de una democracia restringida y secuestrada, y de la gestación del crimen organizado desde el Estado contrainsurgente”, opinó el titular de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy.
Por otra parte, añadió, está la emergencia de los pueblos indígenas que nunca fue internalizada por los funcionarios en la política tradicional y entre esos indígenas están casi todos los defensores que luchan por el territorio.
Estos y otros pronunciamientos, fueron realizados durante un cónclave auspiciado por Oxfam Guatemala, que marcaron el inicio de una campaña en favor de los defensores de derechos humanos y de la lucha contra la impunidad, en tanto pudieran tributar al esfuerzo de crear una política pública de protección en ese orden en Guatemala.
