El proyecto de ley de libre competencia del Gobierno de Michelle Bachelet se encuentra prácticamente completo, a falta de que se acepte en el Congreso chileno. Para llegar hasta aquí ha pasado primero por la Comisión de Constitución y luego por la Comisión de Hacienda del Senado. El proyecto de ley de libre competencia del Gobierno de Michelle Bachelet se encuentra prácticamente completo, a falta de que se acepte en el Congreso chileno. Para llegar hasta aquí ha pasado primero por la Comisión de Constitución y luego por la Comisión de Hacienda del Senado.
Dicha iniciativa contempla sanciones que van desde los tres a los diez años de cárcel y que pueden quedar reducidas hasta un año de reclusión. Su formato va en línea con las jurisdicciones de países como EEUU, Canadá o Australia y pretende castigar a las personas que no cumplan con la libre competencia.
Además de la prisión, el proyecto impondrá multas de hasta el 30% de las ventas de la línea del producto o servicio involucrado en el incumplimiento con la libre competencia. Otra de las medidas que contempla la norma es inhabilitar a los vendedores con la imposibilidad de desempeñar cargos u públicos, cargos de director o gerente en empresas del Estado, cargos de director o gerente en sociedades anónimas abiertas o sujetas a normas especiales o cualquier cargo directivo en asociaciones gremiales o colegios profesionales, por un plazo de entre siete y diez años.
También hay leyes para los delatores. Por un lado, el primero que ponga en conocimiento de la Fiscalía Nacional de Economía (FNE) estará exento de responsabilidad penal mientras que un segundo delator (que no ofrezca datos complementarios) verá su pena rebajada.
