El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, volvió el pasado miércoles a centrarse en el banquillo de los acusados de un Juzgado. En esta ocasión para responder sobre su vinculación con una estructura criminal relacionada con el uso del puerto de Guatemala a cambio de sobornos. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, volvió el pasado miércoles a centrarse en el banquillo de los acusados de un Juzgado. En esta ocasión para responder sobre su vinculación con una estructura criminal relacionada con el uso del puerto de Guatemala a cambio de sobornos.
Desde su llega al Juzgado, Pérez Molina negó que haya firmado ningún documento que otorgase el usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Según él, la capacidad para hacerlo estaba en manos del interventor, Allan Marroquín. Pérez Molina ha manifestado que nada tiene que ver con este asunto y que saldrá absuelto, lo mismo que ocurrirá con la trama La Línea.
En ella se dejaban entrar en el país productos a cambio de sobornos y ha involucrado tanto al presidente como a la que fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, también inculpada en el nuevo caso que se está juzgando. Sobre el que vuelve a ponerlo en la picota, ha asegurado no conocer a Jonathan Chévez, quien según las investigaciones, fue quien lavó 12 millones de dólares entregados a Pérez, Baldetti y el resto de la estructura en concepto de sobornos.
Según recoge La Hora de Guatemala, poco más pudo aportarse pues la primera declaración fue suspendida a petición de los abogados defensores que pidieron más tiempo para analizar los documentos que protagonizaron la jornada. Las investigaciones sostienen que en enero de 2012 y hasta abril de 2015 se creó un grupo criminal liderado por Pérez Molina cuyo fin era obtener beneficios tras ejecutar un contrato a favor de la entidad TCQ, a la que se le cedería una porción del terreno de la EPQ.
