La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha anunciado un proyecto para prorrogar en 20 años la deuda de los estados del país y hacer los objetivos presupuestarios más flexibles, lo que podría servirle para ganar apoyos de cara a su juicio político en el Congreso brasileño. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha anunciado un proyecto para prorrogar en 20 años la deuda de los estados del país y hacer los objetivos presupuestarios más flexibles, lo que podría servirle para ganar apoyos de cara a su juicio político en el Congreso brasileño.
Esta medida supondría una mano tendida a los estados para que paguen sus deudas con el Gobierno central y supondría, hasta cierto punto, terminar con la crítica a las medidas de austeridad actuales. Legisladores, líderes empresariales y algunos gobernadores han sido muy ácidos con ellas y han pedido algo diferente.
Muchos ven en la propuesta de Rousseff otra manera de atraer apoyos para el impeachment político al que se enfrenta por irregularidades en las cuentas de los dos años anteriores y por la supuesta financiación ilegal con la que hizo frente a los gastos de su campaña de 2014.
Thiago de Aragón, socio y director estratégico de riesgo político de la consultora Arko Advice, ha sido consultado por Bloomberg y ha señalado la posibilidad de un creciente apoyo ante estas medidas. “Si el Gobierno le da una mano a los estados es posible que los gobernadores presionen a los legisladores a votar contra en contra”.
A pesar de los intentos de Rousseff de conseguir respaldo en el Congreso y en el Senado, la presión no hace más que crecer sobre ella. La última encuesta de Data Folha ha concluido que el 68% de los brasileños apuestan el juicio político contra la mandataria. Además, el nombramiento frustrado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil seguirá coleando, por lo menos hasta después de Semana Santa.
La intención del Gobierno, según ha mantenido siempre, era colocar a Lula en un ministerio de poder para que pudiera ayudar a su sucesora a acabar con la crisis económica. Pero el movimiento ha sido para muchos, una manera de defender a Lula de ser detenido por su implicación con el caso de corrupción de la empresa estatal Petróleos Brasileños (Petrobras).
Al estar aforado, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) tendría que ser juzgado por el Tribunal Supremo y no por el juez Sergio Moro, encargado del caso Petrobras y enemigo declarado del expresidente brasileño. Moro ha llegado a convertirse en un héroe nacional para los brasileños, pues no ha tenido problemas de enjuiciar a políticos y empresarios.
Además, la semana pasada filtró una conversación que no dejaba en buen lugar ni a Lula ni a Rousseff. Pues la presidenta daba a entender que le mandaría a su padre político los documentos para ser ministro por si iban a detenerlo. Un desatino de ambos que hizo encender aún más los ánimos tras una multitudinaria manifestación en la que tres millones de brasileños exigieron la dimisión de la presidenta.
