La normativa española de blanqueo de capitales siembra la sospecha en todas las transferencias de dinero al extranjero, incluso en las remesas de pequeño importe enviadas por inmigrantes que trabajan de forma legal en el país. La normativa española de blanqueo de capitales siembra la sospecha en todas las transferencias de dinero al extranjero, incluso en las remesas de pequeño importe enviadas por inmigrantes que trabajan de forma legal en el país. Es demasiado restrictiva y exige excesivos controles y documentación de forma generalizada, lo que lleva a muchos a optar por vías alternativas, según aseguran algunos expertos.
Como han apuntado Enrique López, vicepresidente de de la Asociación Española de Entidades de Pago, y el abogado Antonio Selas, socio de Cremades & Calvo Sotelo, en un desayuno organizado por el despacho, las medidas españolas exigen infinidad de documentos a entidades de pago y clientes para demostrar que la operación no está relacionada con un acto delictivo. En muchas ocasiones es difícil aportar esa información, como en el caso de los inmigrantes que con la crisis regresan a su país y quieren enviar el dinero ahorrado a lo largo de los años, por ejemplo, si se desea transferir 6.000 euros y la nómina es mucho más baja.
“Hay una exclusión financiera de gente que no puede aportar documentación de la procedencia de dinero obtenido de forma legal”, ha explicado Selas, pues en estos casos las entidades de pago se ven obligadas a rechazar la operación.
A esto hay que sumar los costes a los que se enfrentan estas entidades para controlar todas las operaciones, tanto tecnología, como personal adicional o asesores exteriores, además de la ralentización del proceso que esto provoca. Esto aumenta el coste también para los clientes.
“Si una empleada del hogar hace un envío de 100 euros a su familia, ya es sospechosa”, ha señalado López. Dificultades que también provocan un conflicto entre las sociedades de gestión y los bancos, que pueden cerrar las cuentas a estas empresas si creen que la justificación de una operación legal no es suficiente. Los bancos pueden recibir sanciones si no hay control en todas las operaciones de pagos.
Ante este excesivo control, una sentencia reciente del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) acaba de determinar que la normativa española de blanqueo de capitales es contraria al derecho comunitario, al generalizar las dudas sobre actividades delictivas y exigir un control, con aporte de documentación excesivo, a todas las operaciones de transferencia. Esto, según el tribunal con sede en Luxemburgo no respeta el principio de proporcionalidad y extiende la sospecha a todos los ciudadanos.
